Desigualdad: Una vieja pandemia.

Desigualdad: Una vieja pandemia.

Abr 26, 2020 | Andrés Echeverri, Columnas de Opinión

Por: Andrés Felipe Echeverri Arias

Estos días vertiginosos de Covid-19 han revelado imágenes devastadoras que de otra manera no habrían estado en la palestra. Entre ellas, salta a la vista la tensión por la que atraviesa el mundo entero y cuya puesta en escena es el ámbito local: el hambre, la necesidad de trabajar para garantizar el sustento diario, el aumento de las cifras de propagación y la débil respuesta estatal, que parecen no encontrar soluciones a corto plazo.

Los llamados ‘trapos rojos’ ejemplifican una de esas imágenes cubriendo puertas, ventanas y barrios populares de la capital. Un grito simbólico que clama solidaridad y exige pasar la página de la desigualdad, una ‘pandemia’ que por décadas se ha instalado en las calles en memoria de un sector de la sociedad que paradójicamente se visibiliza con la llegada de otros flagelos que aquejan la humanidad, como el nuevo coronavirus.

No sorprende que esta situación ocurra en el país de “la Colombia profunda”, calificativo con el que Humberto de La Calle describiera esas zonas de la geografía nacional, que por su distancia, abandono, violencia y desprotección del Estado, soportan toda suerte de infortunios, que solo hasta ahora vinieron a reconocerse en la ciudad.

“Entre cielo y tierra no hay ningún secreto” reza el adagio popular. La precariedad y desigualdad que campea con señorío en esas latitudes, no estaba en nuestras cuentas. Tampoco somos conscientes o se nos había olvidado, que la indiferencia que padecen quienes sobreviven en esas remotas coordenadas, está ahora frente a nuestras narices y cambiará sin clemencia la vida del vendedor del primer tinto de la mañana; del que ofrece chicles en la informalidad. La versión citadina del hambre se hace palpable y afecta por igual a aquellas personas que -en pleno siglo XXI- no figuran en las prioridades de las políticas públicas. Lo sucedido en nuestra urbe, demuestra que una pandemia se sobrepone a la otra y diagnostica una preocupante ‘normalización’ de las carencias y desigualdades.

 

Justo es decir que esta situación se ha profundizado. Que las capacidades de los sistemas de emergencia social, sanitaria, y prevención y atención de la coyuntura, han sido desbordadas. Y no podemos mentirnos: la virulencia y el paso de los días terminarán inmovilizando esta deuda social, trasladándola al cajón de la “normalidad”, el mismo en que desde hace tiempo estaba archivada la desigualdad.

Es el tiempo de reflexionar y hacer visible lo que la ‘normalidad’ ocultaba. Los llamados de auxilio de los ‘trapos rojos’ pueden ser el punto de inflexión para inspirar acciones

colectivas e individuales, en la construcción de un discurso social que mitigue la desigualdad que enfrentamos. Tal como lo indica el escritor alemán Eckarth Tolle: “si las estructuras de la mente humana se mantienen sin cambios, siempre vamos a terminar volviendo a crear el mismo mundo, los mismos males, las mismas disfunciones”.

Pero en la desigualdad no hay pueblo asintomático. Es un llamado a todas y todos para unirnos como sociedad, para repensar y descubrir la mejor versión del Estado Social de Derecho, con las dósis de resiliencia y empatía necesarias para superar esta crisis.

Sin duda, la crisis demanda atención y adaptabilidad de los gobiernos y ciudadanos. Es hora de pensar en lo que se debe mejorar. En políticas que proporcionen el tejido social que cierre definitivamente la brecha de la desigualdad. Propuestas inclusivas que consulten la diversidad de realidades de la sociedad, en especial las que permanecen ocultas bajo el manto de la ‘normalidad’ y que en buena hora salieron a la luz, gracias al grito silencioso de los ‘trapos rojos’. A ver si por fin escuchamos.

*Miembro Dirección Participación para la Gobernabilidad
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Desigualdad: Una vieja pandemia.

El COVID-19: Otro reto para la paz en Colombia

Abr 26, 2020 | Columnas de Opinión, Juan Manuel Borráez Rojas, Seguridad y Justicia

Por: Juan Manuel Borráez R. 

El 22 de abril del 2020, el Representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, Edward Rodríguez, publicó en su cuenta de Twitter (@edr_cd) un video en el cual hace la propuesta de usar fondos destinados para la implementación de los Acuerdos de Paz, en la lucha contra el virus del Covid 19 (https://www.semana.com/nacion/articulo/proponen-usar-fondos-del-proceso-de-paz-para-emergencia-de-coronavirus/665321).

Con seguridad se puede afirmar que la propuesta contará con adeptos y ciudadanos que estarán de acuerdo con ella. No obstante, el Representante Rodríguez olvida que es un deber constitucional y legal, adoptado por todas las ramas del poder público del Estado colombiano, la integral implementación del Proceso de Paz.

Pero más allá de cualquier obligación de carácter jurídico en relación con la implementación del Proceso de Paz, cabe recordarle al congresista que de la correcta y transparente ejecución de los recursos económicos de la paz, depende que muchas de las personas que residen en los diferentes territorios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), afronten los efectos de la pandemia. La mejora en la infraestructura de salud pública en estas regiones, especialmente las más alejadas en nuestra geografía nacional, está íntimamente ligada a la implementación de los acuerdos.

Vale la pena profundizar en la importancia que tienen los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET´s). Como es sabido, son un mecanismo para que la Reforma Rural Integral llegue de forma prioritaria a los territorios (170 municipios en 19 departamentos) y buscan sentar las bases para la transformación estructural del campo creando condiciones de bienestar para la población rural. Esta transformación integral se encuentra programada a quince años.

Tomar los recursos de la implementación del Acuerdo de Paz, sin duda atrasaría este fundamental proceso para nuestro país, que implica también, como se ha manifestado previamente, la mejora en el acceso a los sistemas de salud y a infraestructura de este tipo, para las personas residentes en estos territorios, así como a mejores condiciones de vida en general.

Sin duda, el brote del Covid 19 es un muy significativo reto para Colombia, que requiere el absoluto interés de las autoridades, así como una redirección de parte del gasto público hacia su mitigación, pero es claro que la intención de un determinado sector de usar los recursos de la paz para el combate al virus, es una propuesta con el fin de obtener réditos políticos más que una verdadera intención humanitaria.

Si antes era clara, no solo obligatoria, la necesidad de implementar correctamente el Acuerdo de Paz, ahora en el marco de esta pandemia se justifica más que nunca, para que las comunidades que han sufrido de más de sesenta años de conflicto armado y abandono estatal, no sufran más de estos males, sumado al de los catastróficos efectos de una pandemia.

Cada vez que sale una propuesta de este tipo por parte del partido de gobierno, surge la duda si de esto tenía conocimiento el primer mandatario y se estaba “midiendo el aceite” de la opinión pública, o si por el contrario son propuestas individuales que en nada representan al presidente Duque. Espero que sea así, porque en la presentación del último informe de la ONU sobre la implementación del  Acuerdo de Paz, se “acoge con beneplácito que las FARC y el Gobierno “hayan tomado de manera rápida y colaborativa medidas preventivas” con la población de excombatientes, logrando inscribir al 98% en el sistema nacional de salud”. Además, a nivel internacional, se ha reconocido que las medidas tomadas por el gobierno de Colombia, respecto a la lucha contra la pandemia han sido acertadas y consensuadas con expertos en asuntos de salud pública y economía.

Desfinanciar la paz es condenar a quienes han sufrido la guerra, a volver a un pasado de pobreza, abandono, insalubridad, desnutrición, y a una situación tan de vida o muerte como la pandemia: la violencia.

Para finalizar, es importante manifestar que las propuestas populistas con como un camino corto pero a un final incierto, es decir, lucen atractivas y de fácil ejecución, pero cuando se llevan a cabo, su destino final es un abismo.

*Miembro Dirección Seguridad y Justicia.
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De mito a realidad mundial: Inclusión financiera en Colombia

Abr 25, 2020 | Columnas de Opinión, Emprendimiento, Norma Rodas

Por: Norma Lucia Rodas

Las cifras de inclusión financiera recientes en Colombia presentadas por la Banca de Oportunidades publicada en la edición de La Republica del pasado 14 de enero de 2020, muestran inclusión financiera del 83% de la población; cifra alentadora comparada con los dígitos manejados por varios estudios promediadas en el año 2014, cuando se hablaba de una población bancarizada en nuestro país entre 55% y el 65 %.

La inclusión social y financiera no es una tendencia, es de hecho una necesidad de los países de reducir la brecha de desigualdad en sus habitantes; es un factor determinante que reduce la pobreza. El acceso a productos financieros como cuentas bancarias donde el individuo ahorra, paga y obtiene crédito hacen de la bancarización un factor multiplicador de bienestar poblacional; por ende, repercute positivamente en las cifras globales de crecimiento de los países con economías emergentes.

En el Decreto 222 del 14 de febrero 2020, del Ministerio de Hacienda, se considera que: “la inclusión financiera es determinante para el desarrollo económico del país, ya que cuando la población accede y usa productos y servicios financieros formales aumenta su capacidad de ahorro y de consumo, su potencial de inversión y adquiere mecanismos de protección frente a riesgos, aumentando sus oportunidades económicas y mejorando su bienestar”; constituyéndose entonces, la inclusión financiera como una prioridad para el desarrollo efectivo de los países. Colombia, en el compromiso de un desarrollo sostenible liderado por el Banco Mundial, comprendido dentro del tema de inclusión financiera, realiza programas para mantener crecimiento económico, terminar con la pobreza, ofrecer trabajos decentes, reducir la desigualdad y el hambre, incrementar la inversión en industria, innovación e infraestructura, con el fin de reducir la desigualdad.

Colombia bajo lineamientos del Banco mundial y el plan de desarrollo aprobado en el año 2014, autorizó la creación de organizaciones como SEDPE (Sociedad de Depósitos y Pagos Electrónicos); basados en soluciones tecnológicas que pretenden reducir los costos transaccionales bajo el uso de tecnologías innovadoras. La SEDPE se constituyó en un mecanismo eficiente de inclusión financiera bajo la regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia en la cual se hicieron exenciones a las cuentas como el pago del 4 por mil, facilidad de apertura de cuenta vía electrónica o minimización de trámites, se permitio un monto máximo transaccional por mes de 3 SMLMV en las cuentas, que fue incrementado a 8 SMLMV con el último decreto 222 del 14 de febrero del 2020. El objetivo de la SEDPE sigue siendo a hoy, bancarizar la población que no tenía acceso a servicios financieros.

Muchos modelos de negocio han surgido basados en los resultados de los estudios realizados cuyo denominador común sigue siendo: la dificultad de acceso a estos servicios financieros debido a falta de educación financiera, ubicación geográfica remota, población afectada por la violencia, falta de ingresos y la creencia del individuo de asumir que el efectivo es sinónimo de bienestar. Al igual la desconfianza en las plataformas transaccionales juegan un papel importante en la decisión de convertirse en usuario de la SEDPE, bien sea por el factor generacional como la información compartida en estas plataformas.

Seis años han pasado y los retos tanto para el Estado, la SEDPE y el usuario siguen cobrando vigencia, aunque en distintas proporciones y en diferentes maneras. Sin duda, la población está más familiarizada con aplicaciones, información personal y financiera compartida, las opciones del mercado, la facilidad de

realizar transacciones en línea; accesibilidad a internet, integración del territorio colombiano, y el esfuerzo constante en realizar una educación financiera donde se identifiquen oportunidades de acceso al sistema financiero como la manera de mejora de calidad de vida y alternativas de mejores ingresos. Un ejemplo que cabe resaltar, son las madres cabezas de familia quienes al ser incorporadas al sistema financiero tienen un incremento sustancial de sus ingresos mejorando el estilo de vida de sus familias a través del ahorro y crédito, propiciando bienestar y crecimiento económico a su núcleo familiar y a comunidades enteras.

El Estado igualmente hoy enfrenta retos como la normatividad de soporte de las plataformas transaccionales y de servicios ajustables a una tendencia imparable de las nuevas generaciones que buscan la comodidad en su vida cotidiana. Igualmente, necesita tener los instrumentos necesarios para que el uso de tecnología impida prácticas de lavado de dinero o el llamado “pitufeo”; mal uso y robo de información, entre otras tantas amenazas legales, financieras y de mercado.

De otro lado la SEDPE enfrenta el desafío de generar confianza en el manejo y seguridad de la plataforma, el aplicativo como reemplazo de la oficina física, la diversidad al portafolio de productos y servicios accesibles al usuario y mantener un movimiento constante de sus cuentas en un ecosistema propicio. En todas las instancias se enfrenta un reto de transición generacional de quienes prefieren el uso del establecimiento físico, la aproximación personal con el cliente y el soporte tangible de los pagos realizados.

No cabe duda que la necesidad de disponer de productos y servicios financieros como pilar de mejora de la calidad de vida y el crecimiento económico del país han sentado a hablar a los diferentes actores protagonistas de este ecosistema, han trazado una hoja ruta interesante y prospectiva con el uso de tecnologías innovadoras y adaptivas, que en muchas ocasiones vienen de emprendimientos , centros de innovación, proyectándonos como un país clave de desarrollo aproximándonos a un ideal de hub tecnológico y financiero en Latinoamérica.

El ecosistema de la SEDPE, debe estar basado en un bienestar de generación de oportunidades constantes de crecimiento económico para los usuarios; con el soporte en una normatividad ajustable y dinámica que advierte cambios sin sacrificar la transparencia y buenas practicas. Por supuesto seguiremos viendo desafíos en cuanto a legislación financiera, soporte jurídico y el ajuste de todo un sistema interoperable a estas tecnologías innovadoras que más que resarcir una necesidad es una obligación con las tendencias mundiales que enfrentamos como país.

Existen varios retos para los actores involucrados en la inclusión financiera de nuestro país y es que la bancarización del individuo per se no es suficiente, es necesario que esa persona este activa en el sistema financiero, que use sus productos de manera regular y se comprometa con nuevos productos y servicios. La tasa de deserción de productos y servicios financieros es proporcional a la falta de educación financiera al usuario, a esto se le suman malas prácticas, economía informal, falta de normatividad adaptable a los retos que nos plantea la tendencia mundial.

*Miembro Dirección Emprendimiento 
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Desigualdad: Una vieja pandemia.

A propósito de la Justicia Social, la Felicidad y la Esperanza

Abr 25, 2020 | Columnas de Opinión, Manuel Eduardo Riaño, Temático Departamento de Cundinamarca

Por: Manuel Eduardo Riaño

Hace menos de 13 años, el 26 de noviembre de 2007, la asamblea general de la ONU decidió declarar que el 20 de febrero de cada año se celebrara el Día Mundial de la Justicia Social. Esta misma asamblea decretó en el año 2012 que cada 20 de marzo se conmemorará el día Internacional de la Felicidad.

Con la conmemoración de la justicia social los Estados se comprometen a promover sistemas económicos basados en los principios de justicia, equidad, democracia, participación, transparencia e inclusión. Con la recordación de la segunda fecha, se hace consciencia de que la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental, asociada al crecimiento económico que busque el bienestar de las personas. Además, para la ONU el desarrollo y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la Paz en los países. Para este organismo, el desarrollo y la justicia social no pueden alcanzarse si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

A propósito del día mundial de la felicidad, el octavo reporte mundial de felicidad fue lanzado a finales del mes de marzo. Este reporte, realizado en 156 países, profundiza en cómo los entornos sociales, y naturales se combinan para impactar la felicidad. Además, establece que debemos dar más importancia a la felicidad y al bienestar para determinar cómo lograr el desarrollo social y económico. Desde el 2013, en el ranking anual de países, los cinco países nórdicos (Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia e Islandia) han estado entre los diez primeros. Es más, estos países han ocupado los tres primeros lugares desde 2017. En general existe una clara tendencia a encontrar a los países nórdicos siempre en los primeros puestos mundiales en diferentes mediciones sobre el estado de la democracia, los derechos políticos, la falta de corrupción, la calidad de la educación, la confianza entre los ciudadanos, la seguridad, la cohesión social, la igualdad de género, la distribución equitativa de los ingresos, el índice de desarrollo humano o muchas otras mediciones globales. El resultado de su nivel de felicidad es una consecuencia lógica de estos factores y del verdadero desarrollo social que estos países han logrado para sus ciudadanos.

Estamos en plena situación de emergencia económica y de salud pública por lo que las celebraciones quedaron aplazadas, pero no así las reflexiones que nos surgen de estas dos fechas y este reporte coincidentes.

En medio de las compras de pánico y del aislamiento en la seguridad de casa, muchos se han preguntado por aquellos que no tienen donde resguardarse o no poseen recursos para aprovisionarse. Tal como lo expresa el secretario general de la ONU, António Guterres, uno de cada cinco trabajadores en el mundo todavía vive en pobreza moderada o extrema, las disparidades geográficas impiden el acceso al trabajo decente, muchos trabajadores enfrentan salarios estancados, prevalece la desigualdad de género y las personas no se benefician por igual del crecimiento económico. Estas desigualdades no solo debilitan la cohesión, la justicia social y

el bienestar humano, sino que impiden que los individuos desarrollen su potencial para ser más felices.

En Colombia la situación no difiere de ese diagnóstico general. La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro los países. La persistencia de la inestabilidad bursátil y la emergencia de salud pública crea una mezcla propicia para agudizar la inseguridad financiera, la pobreza, la exclusión y la desigualdad, pero más que nada la incertidumbre en el seno de nuestra sociedad. La OMS estima en un escenario intermedio, con medidas adecuadas pero no radicales, que morirán este año cerca de medio millón de personas asociadas al virus. La OIT ha estimado por otro lado que alrededor de 25 millones de empleos se perderán debido a la pandemia. Esta situación debe no solo levantar alertas en los organismos de gobierno sino despertar nuestra solidaridad como comunidad.

Es un deber personal y comunal disminuir la indiferencia y el egoísmo que nos acompaña en nuestro día a día ante las realidades difíciles de muchas personas que nos rodean y nos sirven para que nuestra vida sea más fácil. Acá es donde cada quien desde su ser debe despertar su compasión y elevar la esperanza. Pero una esperanza no entendida como un deseo sino entendida como una acción sostenida para alcanzar un propósito. Acciones de personas que entiendan que el objetivo del liderazgo es la transformación y la evolución. Precisamente son estos líderes del país los que deben sacar su mejor versión. Más allá de los aprendizajes que nos deje la coyuntura, necesitamos que la esperanza de tener un país con personas felices sea un trabajo de política pública. Que la justicia social se vea en acciones de equidad, de participación, de transparencia y de inclusión. Que la esperanza para el desarrollo de Colombia incluya gobernantes que quieran hacer de su población más educada, más segura, más cohesionada.

La justicia social y el bienestar deben ser objetivos y aspiraciones universales en la vida de los seres humanos de todo el mundo. La justicia social y la felicidad están pues estrechamente relacionados. Simplemente sin justicia social no puede haber bienestar ni felicidad para nadie en este país. Una oportunidad hermosa para los liderazgos que florezcan de esta coyuntura.

*Miembro Dirección Emprendimiento
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Energía, nuevo jugador: El Coronavirus

Abr 25, 2020 | Columnas de Opinión, Javier León, Transición Energética

Por: Javier León. 

El año 2020 comenzó con grandes apuestas en el sector energético, una demanda creciente de energía para satisfacer de manera sostenible el desarrollo de la humanidad, retos tanto en exploración y producción de hidrocarburos como en el aumento de la participación de energías renovables.

El análisis del plan de Ecopetrol permitía entender la dirección de la industria nacional de hidrocarburos y hacia donde iban van las inversiones.

El desarrollo minero energético tiene una participación esencial en Colombia; garantiza la seguridad energética y respalda ingresos importantes en el presupuesto nacional. Esto mientras se logra materializar una transición energética y económica, ya que no solo es cambiar las fuentes y la forma en que el país percibe ingresos. Este articulo parte del análisis del plan 2020-2022 que Ecopetrol presentó a principios de marzo 2020 en Nueva York, con los principales ejes de inversión y el balance de contribuciones a Colombia en el año 2019 (8 Billones de dólares en dividendos, impuestos y regalías ). (Ecopetrol, 2020)

Ecopetrol expuso una estrategia enfocada en la generación de valor en campos de hidrocarburos existentes, proyectos de hidrocarburos no convencionales en Magdalena Medio, exploración nacional e inversiones internacionales. Este era un plan de inversiones de varios billones de dólares asociados, entre otros, a un crecimiento de producción, a un aumento en reservas, proyectos de optimización en refinería de acuerdo a nuevas disposiciones en combustibles y refinados. De igual manera, se hizo énfasis en las inversiones ESG (Medio ambiente, Sociedad y Gobierno) en cuanto a disminuir el contenido de azufre, reducir emisiones, aumentar energías renovables, y reutilización de agua. Esto significaría grandes aportes a las áreas de interés, ingresos fiscales y mejora a la infraestructura nacional (Ecopetrol, 2020). Los criterios de inversión de ESG ayudarían a garantizar que estas inversiones se realizasen de manera sostenible apoyando la infraestructura requerida para el crecimiento económico, reduciendo brechas significativas en educación, salud e infraestructura.

La entrada de un nuevo jugador, el coronavirus, aumenta la relevancia de siguiente frase “Capturar valor de los activos actuales y realizar inversiones rentables como respuesta a condiciones del mercado” es la flexibilidad y adaptación que el mundo necesita en el 2020, y posiblemente definirá el nuevo esquema de inversión de Ecopetrol. (Ecopetrol, 2020)

“Cambios vendrán y con ellos oportunidades, que los astutos y los osados tratarán de capturar mientras el resto se paraliza, el sector de energía no escapará” Luis Pacheco

Desde principios 2020 se comenzaron a sentir los efectos del coronavirus, estancando la economía mundial, disminuyendo significativamente la demanda petrolera. Sin un mercado para productos como gasolina, diésel y combustible para aviones se genera una caída en sus precios. El exceso de oferta global puede corregirse de varias maneras. Una es la disminución de los precios que empujará a los productores menos eficientes fuera del mercado. Otra alternativa es que un grupo de productores reduzca la producción voluntariamente y de manera coordinada. (Cardenas)

La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) representa alrededor de un tercio del suministro mundial de petróleo. Como mecanismo de mitigación y adaptación, la OPEP hizo un llamado a sus socios a cortar su producción en unos 1,5 millones de barriles por día adicionales. A pesar que Rusia tenía una alianza con la OPEP, a comienzos de marzo decidió no unirse a este recorte (Pacheco, 2020). Estamos a la espera del comportamiento del mercado con el acuerdo de recortes de producción de poco menos de 10 millones de barriles por día que se logró el pasado fin de semana del 10 de abril.

La industria minero energética requiere de inversión constante. El negocio no es estático y requiere estar continuamente generando nuevos barriles, reemplazando los que dejan de producirse por declinación de pozos y mejorando las condiciones de procesos y equipos.

El modelo de desarrollo sostenible energético debe actualizarse de acuerdo con los acontecimientos recientes. Es necesario analizar si los niveles de consumo energético han sufrido un impacto transitorio o si esto ya será una nueva realidad. ¿Qué tanto de nuestra vida volverá a ser la que conocíamos? ¿y en qué sentidos evolucionará? En ese momento se podrá definir el balance de fuentes energéticas de combustibles fósiles y renovables. Se debe recordar la gran demanda de productos refinados para usos diferentes a los energéticos (polímeros, lubricantes, PVC, detergentes, asfaltos, solventes).

Es importante resaltar como las energías renovables luchan por reemplazar a las fuentes minero energéticas. A mediano plazo en generación de energía eléctrica, desplazando a los combustibles fósiles de las plantas térmicas. Pero para sustituir los vehículos de transporte (terrestre, aéreo, marítimo) es necesario mejorar tecnologías y lograr masificación que toma varios años (posiblemente hasta que los vehículos que se están hoy en el mercado terminen su vida útil). Ahora, este colapso económico de los hidrocarburos puede hacerle más daño que beneficio a las inversiones en fuentes de energía renovable y a su aumento en el mercado, como consecuencia a que uno de los principales agentes de cambio era el elevando costo de los hidrocarburos.

Las inversiones en el sector minero energético acompañaran al desarrollo del país por varios años ¿Qué otras herramientas se deben usar en su planificación y ejecución?

En Colombia los hidrocarburos se producen en su mayoría en campos pequeños. Por esta razón las inversiones estratégicas necesarias son mucho mayores al no poder aplicar ahorros de economía de escala.

Para poder adaptar la economía energética necesitamos nuevos modelos. Tenemos el reto de no ser la generación que por estar apegada a unos libros inaplicables dejó perder sus avances económicos y sociales más importantes. Ahora es cuando necesitamos mentes pensando en cosas nuevas, no repitiendo recetas. (McMaster, 2020)

“Es la naturaleza de las emergencias, decisiones que en tiempos normales podrían llevar años de deliberación se aprueban en cuestión de horas.” (Harari, 2020)

Las valoraciones de las inversiones en hidrocarburos suelen presentar desviaciones debido a cambios en las condiciones del mercado, datos incompletos o subjetivos y, sobre todo, volatilidad económica. Los precios bajos, la incertidumbre sobre las regulaciones y el comportamiento del mercado resaltan la necesidad de planificar las próximas inversiones utilizando esquemas robustos de maduración y análisis financiero, utilizando la valoración económica de externalidades de beneficio social e impacto ambiental.

Se puede optimizar la valoración de los proyectos de desarrollos energéticos, al diseñarse los modelos de maduración que establezcan la necesidad de trabajar por fases que pueden expandirse, contraerse, abandonarse o moverse en el tiempo si el modelo de negocio cambia. En un negocio de alta volatilidad e incertidumbre, tener las herramientas para disminuir riesgos tiene un gran valor agregado.

Está cambiando la perspectiva se tiene en gestión de inversiones, al incluir las variables económicas de los proyectos (externalidades ambientales, sociales y de gobierno) y no solo considerar el presupuesto y el cronograma para que se consideren exitosos. El balance está en una debida gestión de maduración de proyectos, un análisis financiero flexible con las variables del negocio y en una estructuración económica integrada con las necesidades energéticas y de desarrollo. Existe una necesidad, y una potencial oportunidad, al diseñar esquemas de seguimiento y control de las inversiones y proyectos mediante tecnología y herramientas virtuales. Todo esto requeriría nuevos procesos desarrollados con apoyos académicos, mediante pensamiento sistémico articular la industria extractiva energética, el desarrollo sostenible y las variables económicas de crecimiento para establecer portafolios inversión.

Debe existir una coordinación entre entes públicos y privados para poder navegar por las aguas turbulentas de los próximos meses.

Es necesario revisar las mejores estrategias para involucrar a entidades públicas y privadas en el logro de los resultados requeridos. Un buen ejemplo de herramientas de mitigación lo da la Agencia nacional de Hidrocarburos, ANH, que mediante el “Proyecto de Acuerdo medidas transitorias 27 de marzo de 2020” contribuye a mitigar los efectos adversos por la caída de los precios internacionales del petróleo en los compromisos de inversión pactados. Se buscan medidas transitorias de extensión de términos y plazos en los contratos y convenios de evaluación, exploración y explotación de Hidrocarburos. Esto libera estrés inmediato y les da aire a las empresas para reevaluar inversiones y volver a correr modelos del negocio de acuerdo a proyecciones cada vez más volátiles.

Dado que en la mayoría de los casos la participación pública no es utilizada como insumo durante las primeras fases del diseño de inversiones, la mayoría de los eventos de participación pública se tornan en protesta durante la fase de socialización.

El Project Management Institute (PMI), quien desarrolló un estándar mundialmente utilizado de gerencia de proyectos, estructura la manera en que los proyectos de inversión deben realizarse. Como uno de los principales puntos de atención está el manejo de los interesados, en los desarrollos energéticos parte de ellos son las comunidades cercanas.

Existe un beneficio potencial si el conocimiento de la comunidad local, a través de la participación democrática activa, se utiliza para el descubrimiento temprano de posibles conflictos, lo cual aumenta la legitimidad de las decisiones acordadas. Esto se logra de acuerdo a un debido mapeo de grupos de interés, un modelo de educación, talleres personalizados y un seguimiento riguroso a las iniciativas que se construyan desde el interior (Bonilla & León, 2018). Adicionalmente, los procesos donde se involucran a las comunidades propenden a cerrar las brechas de conocimiento e información que algunos interesados puedan manipular en su propio bien. Las prácticas sostenibles de gestión de proyectos dan como resultado la mejora en acceso a los mercados de capitales, mejoras en la cadena de suministro y reducción de riesgos comerciales, entre otros. (PMI, 2014)

Trabajos Citados

Ecopetrol. (2020). Investor Day. Nueva York.

PMI. (2014). Are Oil and Gas Supply Chains Ready to Embed Sustainability in Their Projects.

Bonilla, D., & León, J. (2018). Gestión Participativa de Recursos. PRM – Columbia SIPA, New York.

Pacheco, L. (2020). Petróleo en tiempos de pandemia. Presidente de la junta administradora ad hoc de PDVSA.

McMaster, B. (2020). Pensar lo Impensable. Bogotá: Presidente de la ANDI.

Cardenas, M. (s.f.). The Impact of Coronavirus and the Oil Price War on Latin America. Nueva York: Profesor Columbia University.

Harari, Y. N. (2020). El mundo después del coronavirus.

*Miembro Dirección Geopolítica del Sector Energético 
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Desigualdad: Una vieja pandemia.

¡Hambre! Grito cuidadano

Abr 24, 2020 | Columnas de Opinión, David Pombo

El pasado 17 de marzo una gran mayoría de habitantes de Bogotá, sentimos orgullo por quien administra la ciudad; por la vehemencia, la empatía, la solidaridad, pero sobre todo por el liderazgo y la legitimidad que, al parecer, revestía a nuestra alcaldesa Claudia López de un poder superior, incluso mayor, al del presidente Iván Duque.

Innumerables fueron los trinos, así como los comentarios en cadenas de Whatsapp, los memes, las columnas de opinión e incluso los sondeos de las encuestadoras que pregonaban que el liderazgo y la imagen favorable de Claudia López superaba la del Presidente de la República en tiempo de emergencia. Al igual, en distintos portales de opinión se comentaba, se sigue comentando que, el presidente Iván Duque debía delegar a Claudia López como encargada nacional de la crisis generada por el COVID19.

Así, Claudia López pareciera estar, en medio de la crisis, en el momento más importante de su historia política, al punto de gozar de la legitimidad que le otorgaba una parte de la ciudadanía de ser la primera mandataria de los colombianos, ¡ojo! No solo en Bogotá, sino en muchas partes del territorio nacional donde la expectativa de la gente estaba puesta en las decisiones de Claudia López y no de Iván Duque.

No obstante, pareciera que su liderazgo fuesen destellos de esto y no necesariamente una habilidad bien administrada por la alcaldesa; al mismo tiempo que pudiera ser que se envistió de tal legitimidad que, tanto ella como su equipo de asesores, se dejaron llevar por los cantos de sirena de las encuestas y los puntos de popularidad. Parece, igual, que la alcaldesa está perdiendo el rumbo de lo que pudiera considerarse importante, necesario, humanitario y estratégico para cualquier gobierno territorial en esta coyuntura. Con ello me refiero a: i) mantener el control de la curva epidemiológica del COVID19 en Bogotá mediante la implementación de medidas en la ciudad ii) efectividad, eficiencia y control en la entrega de las ayudas humanitarias a la población.

Respecto al primero, creo que lo está haciendo de la mejor forma posible, lo cual me ha generado conformidad y al parecer mantiene satisfecho a un sector importante de la población y de la opinión pública también; por otro lado, creo que no ha sido lo suficientemente acertada y mucho menos asertiva. Y es en este punto donde quisiera llamar la atención de la administración distrital de Bogotá y también de la opinión pública para lograr que la alcaldesa pueda reencausar dicha estrategia.

Inicialmente, y entendiendo de antemano todas las limitaciones que en términos presupuestales existen, creo que Claudia no ha sido acertada en el manejo táctico, operativo y logístico de la estrategia de #BogotáSolidariaEnCasa, es decir, en cómo implementar la estrategia (qué barrios, de qué forma, en qué tiempos, etc.) para lograr la mayor cobertura posible de la ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad o pobreza multidimensional, sin incluir en el análisis los estratos 3 y 4 que sufren también un tipo de pobreza denominada como “pobreza vergonzante u oculta”, concentrado en estos estratos socioeconómicos, que en la ciudad superan los tres millones de habitantes, sin embargo, por ser un tema distinto y que contiene otros elementos de análisis será objeto de otra columna.

En ese entendido, considero que en distintos barrios de la ciudad de los estratos 0, 1 y 2 de las localidades de la ciudad no ha sido efectiva la entrega de ayudas humanitarias. En los casos que son de mi interés, por ejemplo, en la localidad de Santafé, según el portal bogotasolidariaencasa.gov.co se reportan que se han entregado 48.165 ayudas que corresponden  a: transferencias bancarias (1.209), mercados del distrito (5.927), bono (3.472), canasta alimentaria (3.652), mercados de la Cruz Roja Colombiana (1.802) y un número mayor que corresponde a comida caliente y refrigerios que asciende las 32.000 entregas. Como es evidente, estas cifras se aumentan con una ración de alimento diario para un habitante lo que disminuye la cobertura de la población atendida durante los 32 días de aislamiento preventivo obligatorio hasta la fecha.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los 130 mil habitantes de la localidad, 80 mil aproximadamente se concentran en los estratos 0, 1 y 2, los cuales pudieran conformar 25 mil hogares aproximadamente. Esto nos dejaría como resultado que: solo el 25% de los hogares en estrato, 0, 1 y 2 de la localidad están siendo plenamente cubiertos por las ayudas humanitarias en medio del COVID19, restando un amplio 75% de cobertura plena.

Ahora bien, sumemos a esta ecuación las raciones de alimentos calientes y refrigerios entregados en la localidad, la cual es dada a un solo habitante de la familia y no a todos los integrantes del hogar; lo que quiere decir que solo el 20% de la población local total está recibiendo algún tipo de ayuda humanitaria del Distrito o solo el 40% de los habitantes en condiciones de vulnerabilidad en la localidad están siendo atendidos por el programa #BogotáSolidariaEnCasa. Una situación que evidencia el drama que están viviendo miles de habitantes de la localidad de Santafé y del Distrito Capital. Esto desvirtúa de un tajo, el argumento esgrimido por la alcaldesa en la opinión pública de que las comunidades están protestando en las calles de la ciudad por motivaciones políticas y totalmente ajenas a una necesidad humanitaria.

Situación similar sucede en la localidad de La Candelaria, no obstante, la recién posesionada alcaldesa local ha logrado reaccionar prontamente y por lo menos los pobladores de la localidad no están protestando para recibir las ayudas humanitarias y han visto diligencia de su alcaldesa local para lograr la mayor cobertura en ayudas humanitarias para la población vulnerable.

Con estos datos, no quiero ser injusto en señalar a la administración de ineficiente o poco efectiva, lo que pretendo en realidad con esta columna es evidenciar que el rumbo tomado por la alcaldesa en términos de la estrategia #BogotaSolidariaEnCasa debería reorientarse o por lo menos fortalecer algunos aspectos para mejorar la efectividad en la entrega de ayudas humanitarias. Por ejemplo, debería la Administración, en cabeza de la Alcaldesa y el Secretario de Gobierno, fortalecer la comunicación con los líderes sociales, comunales, comunitarios y sectoriales de cada barrio de la ciudad y en articulación con estos, lograr una mayor cobertura en los territorios, Esto, que suena lógico y de sentido común, al parecer no está siendo una premisa en la implementación de la estrategia, toda vez que decenas de líderes sociales, sectoriales, comunales y comunitarios me han pedido que les ayude en la interlocución con las autoridades locales, especialmente en el caso de Santafé, La Candelaria, Bosa y Kennedy.

Por último, solo queda decir que el liderazgo, empatía y solidaridad de la alcaldesa debería dirigirse también a mejorar la efectividad en la entrega de las ayudas humanitarias y no sólo concentrase en la parte del tablero que indica los puntos de popularidad que ha ganado en el marco de la coyuntura del COVID19 de cara a las presidenciales de 2022.

  1. Soy un ciudadano que votó por el proyecto que representa Claudia López y por esa razón me siento en la necesidad de hacerle caer en cuenta de los desaciertos en los que pudiera estar cayendo su administración en medio de la coyuntura.

    *Director Localidad Santafé y Candelaria. 
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