¿Es la pandemia un respiro para el medio ambiente?

¿Es la pandemia un respiro para el medio ambiente?

Por: Daniela Rodríguez

En estos meses de confinamiento por el COVID-19, hemos visto una reducción significativa de contaminantes en el medio ambiente, videos de cielos despejados y mares libres de la contaminación habitual e imágenes de animales silvestres merodeando en zonas urbanas y playas turísticas. El descenso de emisiones por la disminución de la producción industrial y el transporte aéreo y terrestre nos han llevado a pensar que el gran beneficiario de esta pandemia ha sido el medio ambiente. Sin embargo, la realidad es que esta crisis podría ser muy perjudicial en la lucha contra el cambio climático y está teniendo efectos devastadores en la conservación de ecosistemas. El impacto real y a largo plazo aún está por verse y en gran medida dependerá de la forma en la que los países decidan reabrir y reactivar las economías y su capacidad para continuar garantizando la protección de ecosistemas durante una pandemia que no tiene un fin a la vista.

Datos y análisis recopilados por organizaciones internacionales como Global Carbon Project, Center for International Climate Research e Independent Commodity Inteligence Services, entre muchas otras, indican una caída en las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año pasado. Por ejemplo, para el mes de marzo se detectó mediante satélites de la NASA una disminución entre el 20 y 30% de emisiones de dióxido de nitrógeno en Italia, China y Estados Unidos. No obstante, expertos coinciden en que la mejora de la calidad del aire solo es temporal y tendrá un impacto mínimo a largo plazo en el nivel de CO2 en la atmosfera, la principal causa del cambio climático. De hecho, el país asiático ya está dentro del rango normal de emisiones sólo unos meses después del pico en el brote de coronavirus. Según investigaciones del Breakthrough Institute en California, se estima que la disminución de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial estará alrededor del 5% para el 2020. Es importante resaltar que para cumplir con lo pactado en el acuerdo de París y limitar el calentamiento global a menos de 1,5ºC para el 2.030 se requiere una reducción sostenida del 7,6% de emisiones de CO2 año tras año, no caídas temporales con efectos económicos devastadores como los de la crisis actual. Mientras tanto, eventos internacionales como la cumbre climática de la ONU se han postergado generando gran incertidumbre sobre la agenda climática a nivel global.

Adicionalmente, la falta de atención de las autoridades y el afán por reactivar la economía ha dilatado el cumplimento de normas y compromisos ambientales. En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental anunció que para ayudar a la industria en estos tiempos de crisis, suspendería la mayoría de las actividades de control de normas ambientales. Así mismo, durante las tres primeras semanas de marzo, China aprobó la operación de más plantas impulsadas por carbón a lo que aprobó en todo el año 2019.  De igual manera, en la Amazonia brasileña la pandemia ha dilatado la aplicación del código forestal de Brasil y la crisis está siendo utilizada como una excusa para reducir las restricciones de la regulación ambiental, lo que ha resultado en altas tasas de deforestación 55% más respecto al mismo periodo del año pasado. La minería ilegal, el tráfico de especies y la deforestación, siguen creciendo en los bosques tropicales en los que han disminuído las alternativas de subsistencia cómo el ecoturismo.

Sumado a esto, la crisis sanitaria por el COVID-19 ha generado toneladas de desechos a nivel mundial. Los residuos hospitalarios han incrementado de forma exponencial, restos de guantes desechables, máscaras, botellas de desinfectante y otros elementos de protección personal se ven ahora en las calles de las ciudades y han llegado hasta los fondos marinos. Según la ONU, cada año llegan a los océanos aproximadamente 13 millones de toneladas de plástico. Conservacionistas han advertido que esta cifra puede crecer sustancialmente mientras los países en todo el mundo enfrentan la pandemia, lo cual representa una fuerte amenaza para la vida y los ecosistemas marinos. De acuerdo con el Banco Mundial, algunos países como Estados Unidos, Tailandia y China han relajado medidas que buscan desestimular el uso de plástico. En varios estados del país norteamericano se retrasó la aplicación de leyes dirigidas a disminuir los plásticos de un solo uso como bolsas, utensilios de plástico y recipientes para alimentos hechos de poliestireno, después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos declarara que los plásticos de un solo uso correspondían a la opción más sanitaria en el manejo de la pandemia.

Sin embargo, construir un futuro bajo en carbono y positivo en el largo plazo para los seres humanos y el planeta depende de las decisiones que aún están sobre la mesa.  La pandemia representa una oportunidad sin precedentes para fomentar una economía sostenible, por ejemplo, impulsando tecnologías limpias a través de los paquetes de estímulos económicos. La Comisión Europea, líder en esta dirección, propuso un modelo de inversión estratégica que se centra en energías renovables y en tecnologías de almacenamiento e infraestructura sostenible. Sólo en el caso de Alemania, el presupuesto de recuperación es de 130 mil millones de euros, enfocados en impulsar industrias y tecnologías amigables con el medio ambiente y en reducir el uso de combustibles fósiles. Estamos en un punto de inflexión y el impacto real de la pandemia sobre el medio ambiente dependerá de tomar decisiones que mejoren a la vez la economía, nuestra salud y la del planeta.

 

*Miembro dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

 

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-how-coronavirus-impacts-climate-change/?cmpid=BBD060920_GREENDAILY&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=200609&utm_campaign=greendaily

https://e360.yale.edu/features/coronavirus-holds-key-lessons-on-how-to-fight-climate-change

https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe

https://www.technologyreview.com/2020/04/10/999230/we-halted-the-global-economy-and-emissions-still-wont-decline-as-much-as-we-need/

https://www.yaleclimateconnections.org/2020/03/key-readings-about-climate-change-and-coronavirus/?utm_source=News+from+Yale+Climate+Connections+%28Daily%29&utm_campaign=91bb19f6fc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19&utm_medium=email&utm_term=0_31a3024b9b-91bb19f6fc-59316575

https://e360.yale.edu/features/after-the-coronavirus-two-sharply-divergent-paths-on-climate

https://www.nytimes.com/2020/06/06/world/americas/amazon-deforestation-brazil.html?campaign_id=9&emc=edit_nn_20200607&instance_id=19164&nl=the-morning&regi_id=95468502&segment_id=30288&te=1&user_id=9e1da2e47f3d5ced5a193fa9d141631c

https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/08/more-masks-than-jellyfish-coronavirus-waste-ends-up-in-ocean

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52596472

https://www.fastcompany.com/90504339/focusing-the-recovery-on-green-infrastructure-could-create-millions-of-jobs?utm_source=twitter&utm_medium=wriclimate&utm_campaign=socialmedia&utm_term=7cb31396-604a-4205-80f9-db9eeded04b0

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/cut-global-emissions-76-percent-every-year-next-decade-meet-15degc

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/01/covid-low-carbon-future-lockdown-pandemic-green-economy

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/planeta-principal-beneficiado-por-coronavirus_15325

https://thebogotapost.com/waste-in-the-times-of-covid-19/46736/

https://sgerendask.com/que-pasaria-si-no-se-cumplen-los-acuerdos-logrados-en-la-cop21/

https://thebreakthrough.org/issues/energy/covid-co2-drop

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-05/germany-s-recovery-fund-gets-green-hue-with-its-focus-on-climate?cmpid=BBD061620_GREENDAILY&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=200616&utm_campaign=greendaily

https://thebreakthrough.org/issues/energy/covid-19-climate

https://thebreakthrough.org/issues/energy/its-the-economy-stupid

https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/03/27/10487371/european-power-and-carbon-markets-affected-by-covid-19-an-early-impact-assessment

https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-set-to-cause-largest-ever-annual-fall-in-co2-emissions

https://www.carbonbrief.org/coronavirus-tracking-how-the-worlds-green-recovery-plans-aim-to-cut-emissions

https://www.euronews.com/2020/05/12/will-plastic-pollution-get-worse-after-the-covid-19-pandemic

https://www.theregreview.org/2020/05/11/morath-match-between-covid-19-plastic-bags/

 

 

*Miembro Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

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La protección de la niñez, más allá de la emoción y los titulares: hacia una política criminal coherente.

Por: José A. Hofmann

Esta semana, se conoció que una niña indígena, fue violada el pasado 21 de junio por un grupo de soldados, los cuales se declararon culpables ante las autoridades judiciales, cuando se legalizaba su captura y se les daba a conocer los cargos criminales por los cuales van a ser procesados. Ante tan aberrante hecho, el Presidente indicó, en tono enérgico y visiblemente alterado, tras calificarlos de ‘bandidos’, “(…) si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos (los militares) lo haremos con ellos (…)”. El Fiscal General, presentó, por su parte, como un éxito de la dependencia bajo su responsabilidad, el hecho de que los responsables de tan atroz crimen, hayan sido procesados en tiempo “récord”. 

A nivel humano, esta reacción emotiva tanto del primer mandatario como del fiscal, es entendible. No obstante, es insuficiente y presenta serias falencias para afrontar este caso criminal en particular, y un problema tan grave como lo es la violencia contra los niños en general, siendo procedente, en consecuencia, hacerle varias observaciones, siempre con el debido respeto hacia la personas e institución del presidente y fiscal como máximos árbitros del sistema democrático de la nación colombiana. Esto como quiera, que quien escribe éstas líneas, al igual que Mario Vargas Llosa, cree firmemente que, en cuestiones de Estado, debe prevalecer la razón sobre la emoción y el afán de decir aquello que desean escuchar las graderías. No en vano, Winston Churchill señalaba con razón, “el gobernante, ante todo, debe pensar en la próxima generación, no en las próximas elecciones”.  

Así, en primer término, vale la pena precisar y aclarar a la opinión, que a los militares que cometieron el hecho atroz contra la niña, no les será aplicable la cadena perpetua, entre otras razones, porque la ley o reforma al código penal que hipotéticamente la desarrollará, a la fecha no ha sido puesta en consideración del Congreso. Apenas existe un proyecto de reforma a la Carta Política, el cual no ha sido objeto de control por parte de la Corte Constitucional, donde como se dice popularmente, puede ‘pasar’ o ‘hundirse’. Es decir, si se tiene en cuenta que frente a los hechos socio-políticos, debe trabajarse sobre lo que el ex presidente Mariano Ospina Pérez bien llamaba “hechos cumplidos”, la cadena perpetua no puede ser tomada como un elemento de análisis, como quiera que la misma, al día de hoy, no existe.

Pero al margen de la cadena perpetua, cuya conveniencia o inconveniencia no compete abordar a la presente columna, lo cierto es que la voluntad o lo que denominaría Montesquieu el espíritu de las leyes de nuestro tiempo, se distingue en forma inequívoca por hacer cada vez más severas las penas a aplicar para los distintos delitos, entre ellos, por supuesto, aquellos que afectan a los niños, niñas y adolescentes. No obstante, año tras año, los mismos vienen en alarmante aumento, ante el desconcierto general de la comunidad. ¿Por qué?

Las personas no se lo explican, pero los especialistas en el ámbito penal, sabemos la razón, no porque seamos magos o especialmente inteligentes, sino porque partiendo de las experiencias exitosas de otros países y el desarrollo de la ciencia jurídica, nuestro ámbito de conocimiento sabe en forma inequívoca que, para enfrentar el delito, no basta con aumentar penas ad infinitum. Es preciso que la sociedad y el gobierno, adelanten una serie de medidas concadenadas entre sí en el ámbito social, educativo, económico, administrativo, para enfrentar de manera eficaz el fenómeno del delito. Esto es, poseer una robusta política criminal.

En otras palabras, de nada servirá condenar a los culpables  de la atroz violación de la niña indígena hoy a sufrir altísimas penas –si es que llegan a serlo-, si el día de mañana no se desarrollan instrumentos para llevar el Estado en toda su plenitud a los aborígenes, no sólo en su faceta represiva; si la Fiscalía no tiene instrumentos y capacitación para una auténtica investigación forense; si los agentes de la fuerza pública, no son mejor seleccionados y capacitados para el respeto de los derechos humanos; si no se introducen dentro de nuestra legislación procesal, institutos que garanticen no sólo el castigo de los victimarios, sino lo que es más importante, la prevención del delito y reparación efectiva de las víctimas, etcétera.

Y sea pertinente indicar, que tal y como lo hizo en el párrafo anterior, el autor de éstas líneas, en contra de lo que piensa de manera general la opinión, pone en duda que los responsables del atroz crimen sean condenados, no por inexistencia del hecho o porque no se hayan identificado sus autores, sino por errores de carácter técnico derivados directamente de la actuación de la actuación de la Fiscalía, los cuales pueden viciar de nulidad absoluta este caso.

Esta situación de inmensa gravedad y hondas implicaciones políticas, se derivaría de dos circunstancias: la primera, el ente acusador, procedió directamente, sin determinar si tenía competencia para ello, esto como quiera, el presente caso, con arreglo al ordenamiento jurídico colombiano, podría corresponder su procesamiento y sanción a las autoridades indígenas; segundo, la fiscalía no les imputó a los responsables acceso carnal violento agravado, sino simple y llanamente, abuso sexual. Aunque estos delitos pueden parecer iguales, son distintos, suponiendo el primero una penetración abusiva en quien es incapaz de resistir, el segundo, en cambio, entraña una coerción de la libertad sexual de la víctima. Demás está decirlo, imposible hablar de ‘libertad sexual’ en una NIÑA.     

Por ello, quien escribe éstas líneas, señala que para enfrentar y evitar hechos tan dolorosos como el que motivó la presente columna, no bastan las declaraciones emotivas; es indispensable desarrollar reformas tendientes a lograr que Colombia sea dotada con una verdadera política criminal guiada por criterios científicos, no de efímera popularidad política, yendo para ello, más allá de la emoción y los titulares.

PUNTILLAZO FINAL. Más que por sancionar un caso que trascendió a la opinión pública, los ciudadanos debemos realizar una veeduría permanente para que éstos execrables hechos no sólo dejen de suceder, sino lo que es más apremiante, no tengan un carácter pandémico en nuestra sociedad. Según Medicina Legal y otros expertos, 1 de 4 niños en Colombia es objeto de violencia sexual. Las palabras sobran.

*Miembro Dirección Justicia y Seguridad

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¡Regulemos Ya!

Por: Pablo Corredor

El buen momento para regular el cabildeo en Colombia

Hasta hoy, hemos fracasado intentado regular el lobby o cabildeo en innumerables veces. El primero en proponerlo en este siglo fue el entonces senador Germán Vargas Lleras, quien presentó seis veces un proyecto de ley en esta dirección. Vargas no ha sido el único, que durante su paso por el Congreso de la República ha tomado esta bandera, también es importante resaltar la labor que hizo en esta materia el entonces senador Carlos Fernando Galán entre los años 2014 y 2018.

Pese a los muchos intentos existentes, esto ha sido una tarea titánica y esquiva y siempre que ha surgido la discusión, se destapan sectores opositores, no se presenta una real voluntad política de los gobiernos de turno y existe sin duda una oposición férrea de ciertos intereses que bien se pueden ver en cabilderos y congresistas que ven importante mantener su relación existente sin que un tercero regule o supervise esta situación.

Como se puede ver, el escenario nunca ha sido el propicio para adelantar y conseguir la regulación del cabildeo en Colombia. Sin embargo, existen una serie de razones que nos permite considerar que la regulación de esta práctica puede estar hoy más cerca que antes.

En primer lugar, la razón más fuerte para considerar que la regulación del lobby en Colombia puede ser finalmente una realidad, es la inclusión y aceptación de Colombia como país miembro en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Hoy, 17 de los 37 países miembro de esta organización cuentan con regulación del lobby, y existe un auge en estandarizar la práctica que a principios de siglo solo había sido regulada por los Estados Unidos.

La OCDE en el 2011 publicó los diez principios esenciales para brindarle mayor transparencia e integridad a la actividad del cabildeo en sus países miembro, y esta entidad se ha encargado de promocionar la regulación del cabildeo, como eje necesario para el desarrollo de una economía justa, equitativa y transparente. Este mensaje de regulación ha sido entendido y acatado por diferentes países que hoy cuentan con una ley que regula y desarrolla la actividad del lobby, entre ellos están el Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá, entre otros.

Con el ingreso de Colombia a esta Organización, el País entra a medirse con grandes potencias, y será comparado y clasificado de acuerdo con las mejores prácticas que implemente.

Uno de los informes y clasificaciones más importantes que esta entidad genera, es la Evaluación de Integridad Pública. Este es un informe que se realiza en cada uno de sus países miembro, y concluye con una serie de recomendaciones y una evaluación. Uno de los indicadores más importantes en dicho informe es la efectividad de la regulación del lobby en el país, pues esto garantiza que las decisiones que tanto el ejecutivo como legislativo tomen sean transparentes, permitiendo que los ciudadanos participen en su elaboración y al final se satisfagan la mayor cantidad de intereses.

Hoy, Colombia al no contar con esta regulación, se expone a que, en la Evaluación de Integridad, se concluya que Colombia no cumple o no acata con las recomendaciones que este órgano ha realizado sobre la materia.

En segundo lugar, actualmente nuestro entorno internacional es propicio para que Colombia se decante por expedir la regulación del lobby. Hoy contamos con ejemplos de regulación, en México, Perú, Chile y Argentina, así como discusiones en esta dirección en Ecuador, Uruguay y Paraguay. Es el momento para que Colombia aprenda y estudie estos casos para por fin, expedir una regulación efectiva.

En tercer y último lugar, Colombia cuenta con el compromiso del gobierno nacional de regular esta actividad. Debemos recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el presidente Iván Duque, se comprometió en presentar e impulsar ante el Congreso una iniciativa dirigida a cumplir con esta tarea.

Si bien, en el año 2018, por intermedio de los senadores Rodrigo Lara y José David Name, el gobierno nacional presentó una iniciativa en esta dirección, esta no contó con el verdadero respaldo del ejecutivo, pues para ese momento los intereses y prioridades del gobierno eran otros. Sin embargo, esperemos que exista coherencia entre lo prometido, así como nuestra entrada a la OCDE.

Los efectos negativos que genera esta práctica sin regulación son evidentes, solo hay que recordar la discusión generada en el Congreso con el famoso impuesto a las bebidas azucaradas, o para no ir tan lejos recordar la entrevista que el periodista Julio Sánchez Cristo hizo, el 5 de junio del presente año, al Ministro de Industria y Comercio, en donde se indagó sobre el posible lobby que la ANDI y otros sectores de la economía estaban realizando para influenciar el proyecto de ley 185 de 2019, conocido como “Pago en Plazos Justos”, con la intención de agregar un artículo en donde prevalecería el acuerdo entre privados antes que las disposiciones contempladas en esta iniciativa.

Por lo expuesto anteriormente desde mi postura quiero agradecer a la dirección de Asuntos Públicos y Buen Gobierno de AlCentro por ayudarme en poner este tema en el debate público e invitarlos a todos a entender que el momento de regular es YA. Sin embargo y para lograrlo se requiere más que argumentos y se necesita que de manera clara y contundente el gobierno nacional lo apoye para lograrlo.

*Miembro Dirección de Asuntos Públicos y Buen Gobierno

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Un consejo de seguridad potente.

Por: Juan Manuel Borráez

El 17 de junio de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó una jornada de elecciones, en donde se eligieron cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Los deseados puestos fueron ganados por Irlanda y Noruega, mientras que Kenia y Yibuti competían por la representación africana, la cual fue destinada a Kenia. India no tenía rival alguno por la región Asia-Pacífico, al igual que México por Latinoamérica y el Caribe.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano más poderoso e influyente de la organización, el único que, en el marco del capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, puede hacer efectivas por la fuerza sus decisiones y en el que de los quince miembros que lo componen, cinco lo hacen de manera permanente con derecho a vetar las decisiones y diez lo hacen de manera no permanente para periodos de dos años. 

Ser miembro del Consejo de Seguridad permite participar en la toma de decisiones en temas relacionados con la paz y seguridad internacionales, y más allá de la diferencia entre la membresía permanente y la no permanente, ningún miembro del Consejo es un actor de reparto, incluso hasta por los nueve votos necesarios para aprobar una resolución.

Quisiera resaltar la presencia de México. Más allá de toda consideración, es un actor regional y global de suma importancia, sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha procurado tener una línea aislacionista en los niveles, tanto personal, lo que le ha impedido relacionarse con otros mandatarios en reuniones de alto nivel, como de Estado, buscando extraer a México de debates globales y regionales en los que su presencia sería sumamente necesaria, insistiendo que la “mejor política exterior es la interior”.

Habrá que observar de qué lado se posiciona México en las disputas entre los Estados Unidos y la Federación Rusa, así como entre Estados Unidos y la R.P. China, si prefiere decantarse por su vecino y mayor socio a todo nivel, o por lo ideológico vinculándose más de cerca a rusos y chinos. Generan expectativas sus posiciones frente al tratamiento de la dictadura venezolana, tema de especial interés para la Latinoamérica, ya que sus consecuencias las han sufrido prácticamente todos los países de la región, en especial Colombia.

De igual manera, despierta interés la presencia de la India, el segundo país con mayor población del mundo y una potencia económica, militar y política en la región asiática, más cuando en las últimas semanas ha habido una serie de escaramuzas en su frontera con la R.P. China (Valle de Galwan), la cual se encuentra en constante disputa desde la Guerra Sino – India de 1962, terminando con un enfrentamiento directo el 15 de junio en donde fallecieron veinte militares de la India. Esperaría que se alineara con las potencias occidentales del Consejo de Seguridad, para servir de dique de contención al avance internacional chino.

La llegada de dos grandes potencias regionales al Consejo de Seguridad, como la India y México, sumándose a Alemania, así como a la máxima potencia africana, Sudáfrica, quienes hoy fungen como miembros no permanentes, convertirá al Consejo en un escenario más, pero creo el más importante, en donde seguirán las disputas geopolíticas actuales. Solo para recordar, Xi Jinping, Donald Trump, Boris Johnson y Vladimir Putin, son los líderes de cuatro de los cinco miembros permanentes.

No debe dejarse a un lado la presencia de Noruega. El país nórdico, al no ser parte de la Unión Europea, cumplirá un papel de independencia que servirá de contrapeso a los diferentes actores enfrentados entre sí. Igualmente, su experiencia como mediador en diferentes conflictos armados (entre ellos el Proceso de Paz colombiano), le harán tener un peso importante durante los dos próximos años en el Consejo de Seguridad.

Las Naciones Unidas, y en particular el Consejo de Seguridad, nacieron para que no se repitieran las guerras entre estados. No obstante, al día de hoy los conflictos armados han tomado otra dimensión en las que confluyen actores estatales como no estatales, esto hace que sea más complicado dirimir responsabilidades y que las treguas sean muy complicadas de sostener. A este cambio que en los últimos años han tenido los conflictos, hoy es claro que han surgido otros importantes desafíos a la Paz y Seguridad internacionales que exigen un Consejo a la altura de estos.

En ese sentido, el Consejo de Seguridad deberá dar respuesta a situaciones como el cambio climático, el cual debido al grave deterioro del medio ambiente, incluso se ha convertido en una amenaza para la existencia de diferentes países. Asimismo, hoy observamos como el Covid 19 y las consecuencias económicas del mismo, han incrementado y profundizado las agitaciones sociales en muchos lugares, instalando a las crisis sanitarias como grandes riesgos para la seguridad internacional.

Para finalizar, la Comunidad Internacional deberá promover propuestas de reforma a los métodos de trabajo y de toma de decisión en el Consejo en especial al veto, para evitar que las disputas geopolíticas entre los diferentes miembros, inmovilicen el actuar del organismo cuando más se necesita, y así se puedan evitar violaciones a los DD.HH, así como poder actuar ante los nuevos desafíos globales.

*Miembro Dirección de Seguridad y Justicia

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¿Qué dice la OCDE sobre el futuro de la economía global?

Sebastián Trujillo, Director de Asuntos OCDE y Economía Internacional , realiza en esta video columna un panorama de la economía global post COVID-19 basándose en los últimos informes de esta organización internacional.

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La región metropolitana: innovación para la integración.

Por: Manuel González

El Congreso de la República aprobó mayoritariamente la semana pasada el Proyecto de Acto Legislativo que modifica el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia, posibilitando la creación de una figura institucional nueva para la asociatividad territorial en el centro del país: la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

Después de más de 25 años de esfuerzos, Bogotá, el departamento de Cundinamarca, y sus municipios empiezan finalmente a construir la institucionalidad, tan necesaria, para enfrentar con eficacia los desafíos comunes que afectan a toda la región: congestión, polución, inseguridad, ocupación desbordada del territorio, saturación del sistema de basuras, destrucción de la naturaleza, acceso desigual a educación y empleo,  encarecimiento de la vivienda y los servicios públicos, entre otros, son todos aspectos que deterioran la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá y Cundinamarca, y que no podrán resolverse si municipios y capital siguen operando de manera aislada.

Una quinta parte de los habitantes del país viven entre Bogotá (7.1 millones) y Cundinamarca (2.8 millones)[1], que juntas suman la población de Suecia o de Portugal. Además, son el motor económico de Colombia con casi un tercio de la economía nacional[2], nivel equiparable al de Ecuador o Puerto Rico. Bogotá es tan densa como Delhi o Jakarta[3] y está entre las cinco metrópolis de América Latina más atractivas para hacer negocios.[4] Según estimaciones del BID[5] y Naciones Unidas[6], Bogotá región ya hará parte del club de Megaciudades del mundo en la nueva década. De allí, la inminencia de adaptar sus instituciones, de modernizar los mecánismos de asociatividad, y de equipar a los gobiernos sub-nacionales con las capacidades necesarias para resolver los grandes retos que depara el futuro.

Esta victoria legislativa es el primer gran paso hacia la construcción de una mejor gobernanza ­–colaborativa, eficiente e inclusiva– para la Región Capital. Es el resultado de un ambicioso proceso de concertación que iniciaron sus ponentes hace más de dos años, y cuyo éxito solo demuestra una sabia y buena manera de hacer políticas públicas:

  • Se propició un debate técnicamente bien informado. Los estudios sobre sistemas de ciudades del Banco Mundial y Planeación Nacional (DNP); los múltiples diagnósticos regionales de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación; la propuesta de una nueva asociatividad de ProBogotá Región; el análisis de interdependencia municipal del BID; y el estudio de huella urbana de la firma IDOM, entre muchos otros, pusieron a disposición de todos los interesados un diagnóstico riguroso de la Región Capital, y propiciaron una discusión sólida, veraz, basada en la evidencia y no en las pasiones.
  • Se planteó un diálogo con altura, innovador e inclusivo. En todos los debates parlamentarios y foros fuera del Congreso, los ponentes destacaron la prevalencia de los principios de autonomía municipal, equidad territorial, e interdependencia, lo que permitió enmarcar la negociación en un ámbito de entendimiento, donde todas las entidades territoriales y demás agentes involucrados, pudieran encontrar su lugar. Prueba de ello, la idea innovadora de pasar de un esquema de área metropolitana –exclusiva para Bogotá y sus vecinos inmediatos– a un modelo de región metropolitana más abierto –donde caben el departamento, sus municipios y la ciudad capital–.
  • Se supo leer el entorno y aprovechar la coyuntura positivamente. Eventos históricos, polémicos y hasta simbólicos reactivaron la urgencia de hablar nuevamente sobre la integración regional: la urbanización acelerada de la sabana, y en particular de Soacha que se consolida como la sexta ciudad más poblada del país[7]; los escándalos de corrupción sobre modificaciones ilegales a los planes de ordenamiento territorial[8] en la sabana; la adjudicación de importantes obras de infraestructura en transporte, como el Metro de Bogotá y el RegioTram de Occidente; y hasta la realización de sesiones conjuntas entre el Consejo de Bogotá y la Asamblea Departamental ambientaron el debate para que la ciudad-región regresara al centro de la agenda pública después de años de ausencia.
  • Se cambió el tono de la conversación. Las nuevas autoridades locales dejaron atrás la retórica inútil de arrogancia y anexión, y supieron remplazarlas por narrativas de confianza y colaboración. Atrás quedaron los discursos culposos enfocados en las asimetrías fiscales o en el acceso desigual a recursos tan vitales como el agua entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Los nuevos protagonistas están logrando cambiar la lógica soberbia de la absorción, por una más solidaria de integración en su manera de entender el desarrollo de la Región Capital.
  • Se impone una visión de largo plazo. Hablar de región es mucho más visionario que hablar de urbe. Durante la celebración de los cinco años de ProBogotá Región, sus asistentes insistieron fervorosamente en la necesidad de pensar la ciudad con una visión de largo plazo a la que llamaron ‘Bogotá 2051’. Ese espíritu solo persiste si se obra pensando en metas grandes y audaces: por ejemplo, conectar a la Región Capital con el Mar Caribe haciendo navegable el Río Magdalena; o conectarla mejor con el mundo construyendo el segundo terminal del Aeropuerto El Dorado; proponiéndose descontaminar el Río Bogotá; recuperando los corredores ecológicos y cuidando el Páramo de Sumapaz; articulando la prosperidad económica de la sabana con el uso responsable de sus recursos naturales; formando la fuerza laboral mejor calificada del país; y redistribuyendo bienestar entre los territorios menos favorecidos.

Sin duda alguna, aún quedan varias preocupaciones válidas y preguntas sin resolver: ¿Quiénes serán los miembros de esa Región Metropolitana? ¿Cuánto poder tendrá el Gerente que administrará el nuevo esquema? ¿Qué mecánismo de gobernanza adoptará el Consejo Regional? ¿Cómo y quiénes financiarán los proyectos? Los debates que vienen para la promulgación de la Ley Orgánica serán álgidos y extensos. Sin embargo, esta reforma constitucional marca un hito histórico no solo por ser la primera en ser aprobada de manera virtual, sino porque alza las banderas de la descentralización y despeja el camino para seguir avanzando hacia la regionalización de Colombia.

*Disclaimer: Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la posición oficial de éste portal o de su empleador.

 

[1] DANE, Censo 2018

[2] DANE, PIB por departamento Base 2015.

[3] Metropolis Observatory and LSE Cities, 2018.

[4] Cámara de Comercio de Bogotá, Balance de la Economía de la Región Bogotá-Cundinamarca 2018

[5] Banco Interamericano de Desarrollo, Voces Emergentes: Percepciones sobre la Calidad de Vida Urbana en América Latina y el Caribe, 2016.

[6] Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), World Urbanization Prospects 2018

[7] Probogotá Región, Seis prioridades para Bogotá Región, 2018

[8] Revista Semana, El Escándalo de los POT ‘mágicos’, 2017

*Director de Gobernanza Metropolitana

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