Por: Juan Manuel Borráez
El 4 de agosto de 2020 sin duda será uno de los más impactantes del año en Colombia, dado que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decretó medida de detención domiciliaria al ex presidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos.
El caso es de una gran complejidad, ya que incluso inicia cuando la Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia del senador Uribe contra el también senador Iván Cepeda, por una supuesta manipulación de testigos en su contra. La Corte consideró que no era Cepeda quien estaría intentando manipular testigos, mientras que Uribe presuntamente sí. Esto por intermedio de uno de sus abogados, Diego Cadena, quien también enfrenta un proceso penal por fraude procesal y soborno.
No obstante, no es intención de esta tribuna ahondar en los elementos probatorios del proceso penal o expresar una opinión sobre la inocencia o culpabilidad del senador Uribe o de su abogado Cadena. Esto será decisión, para el caso de Uribe, de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. Esta columna busca hacer una defensa de la institucionalidad colombiana, de la división de poderes, del respeto a las decisiones judiciales y velar por los derechos procesales de quien enfrenta un proceso penal, cualquier persona que sea.
En primer lugar, por el derecho que le corresponde al ex presidente Uribe, se debe exigir desde la ciudadanía que el proceso goce de absoluta imparcialidad, independencia judicial y transparencia. Un proceso judicial llevado a cabo de esta manera, también garantiza el derecho que tiene la ciudadanía a conocer la verdad sobre los hechos que rodean a quien ocupó la máxima dignidad del Estado colombiano.
Sin embargo, los ciudadanos deben reivindicar y exigir que, tanto quienes ocupan un cargo público como otras figuras políticas del país, en especial las ligadas al Partido Centro Democrático, acepten y acaten las decisiones de los jueces y que éstas sean debidamente controvertidas ante las autoridades judiciales mediante los recursos que la Constitución y las leyes colombianas contemplan.
No han sido pocos los ataques que ha recibido la rama judicial, particularmente la Corte Suprema de Justicia, calificándola de “izquierdista”, “antiuribista”, entre otros calificativos. Los jueces en el ejercicio de sus funciones solo están condicionados por la ley. No deja de ser llamativo y preocupante que altos cargos estatales como senadores y representantes a la Cámara, incluso embajadores, hagan llamados a desconocer las decisiones judiciales e inclusive a convocar constituyentes para reformar el Estado incluyendo a las cortes.
Capítulo aparte merece el presidente Iván Duque. Desde días anteriores a la medida de detención domiciliaria contra el ex presidente Uribe, realizó una implacable defensa suya ante un medio de comunicación. Adicionalmente, una vez conocida la medida, fue publicado un video en sus redes sociales dando una alocución en la que resaltó de Álvaro Uribe su patriotismo, reivindicó su inocencia, destacó el legado de sus dos periodos presidenciales y llamó a la “reflexión como ciudadano, para que las vías judiciales operen, y un ciudadano (Uribe) pueda ejercer su defensa en libertad”, ejerciendo una evidente presión para que la Corte tome una decisión en determinado sentido.
En su calidad personal, el presidente Duque puede tener la ideología que quiera y creer en la inocencia de cualquier persona sometida a un proceso penal. Sin embargo, debe entender que una vez se posesionó como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2018, su papel ya no es el de representante de una corriente política en una contienda electoral, su rol pasó a ser el de Jefe de Estado y primer mandatario de todos los colombianos. Lo que debe hacer es defender la institucionalidad, promover el cumplimiento de las decisiones judiciales y fomentar que la manera de ser cuestionadas sea en sede judicial.
Los contradictores políticos del ex presidente Uribe también deben reflexionar, pues ha sido público que cuando han tenido que enfrentar procesos judiciales o disciplinarios en su contra, han atacado a las cortes y a la institucionalidad afirmando que en Colombia no se vive en democracia o que el Estado se encuentra cooptado por el narcotráfico. Las instituciones no se pueden defender cuando es un contradictor político el que se encuentra en medio de un proceso penal, y atacadas cuando es alguien de su misma corriente ideológica quien se encuentra en uno. La defensa de los valores democráticos no puede ser selectiva.
Para finalizar, vale la pena recordar que Álvaro Uribe no ha sido condenado y nadie es considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario. El proceso debe continuar. En ese sentido, lo único deseable es que al ex presidente le sea respetado el derecho a la defensa y, en general, a un juicio justo y transparente.
Quienes se identifican con Uribe, tienen todo el derecho a protestar y a expresar su desacuerdo con esta decisión judicial, mientras sea por los conductos constitucionales y legales, esto incluye la protesta pacífica. Afortunadamente, la institucionalidad colombiana, aun con sus fallas y retos, tiene los medios para expresar el disenso frente a las decisiones emanadas de cualquier autoridad del Estado.
*Miembro Dirección de Seguridad y Justicia
