Por: José A. Hofmann

Esta semana, se conoció que una niña indígena, fue violada el pasado 21 de junio por un grupo de soldados, los cuales se declararon culpables ante las autoridades judiciales, cuando se legalizaba su captura y se les daba a conocer los cargos criminales por los cuales van a ser procesados. Ante tan aberrante hecho, el Presidente indicó, en tono enérgico y visiblemente alterado, tras calificarlos de ‘bandidos’, “(…) si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos (los militares) lo haremos con ellos (…)”. El Fiscal General, presentó, por su parte, como un éxito de la dependencia bajo su responsabilidad, el hecho de que los responsables de tan atroz crimen, hayan sido procesados en tiempo “récord”. 

A nivel humano, esta reacción emotiva tanto del primer mandatario como del fiscal, es entendible. No obstante, es insuficiente y presenta serias falencias para afrontar este caso criminal en particular, y un problema tan grave como lo es la violencia contra los niños en general, siendo procedente, en consecuencia, hacerle varias observaciones, siempre con el debido respeto hacia la personas e institución del presidente y fiscal como máximos árbitros del sistema democrático de la nación colombiana. Esto como quiera, que quien escribe éstas líneas, al igual que Mario Vargas Llosa, cree firmemente que, en cuestiones de Estado, debe prevalecer la razón sobre la emoción y el afán de decir aquello que desean escuchar las graderías. No en vano, Winston Churchill señalaba con razón, “el gobernante, ante todo, debe pensar en la próxima generación, no en las próximas elecciones”.  

Así, en primer término, vale la pena precisar y aclarar a la opinión, que a los militares que cometieron el hecho atroz contra la niña, no les será aplicable la cadena perpetua, entre otras razones, porque la ley o reforma al código penal que hipotéticamente la desarrollará, a la fecha no ha sido puesta en consideración del Congreso. Apenas existe un proyecto de reforma a la Carta Política, el cual no ha sido objeto de control por parte de la Corte Constitucional, donde como se dice popularmente, puede ‘pasar’ o ‘hundirse’. Es decir, si se tiene en cuenta que frente a los hechos socio-políticos, debe trabajarse sobre lo que el ex presidente Mariano Ospina Pérez bien llamaba “hechos cumplidos”, la cadena perpetua no puede ser tomada como un elemento de análisis, como quiera que la misma, al día de hoy, no existe.

Pero al margen de la cadena perpetua, cuya conveniencia o inconveniencia no compete abordar a la presente columna, lo cierto es que la voluntad o lo que denominaría Montesquieu el espíritu de las leyes de nuestro tiempo, se distingue en forma inequívoca por hacer cada vez más severas las penas a aplicar para los distintos delitos, entre ellos, por supuesto, aquellos que afectan a los niños, niñas y adolescentes. No obstante, año tras año, los mismos vienen en alarmante aumento, ante el desconcierto general de la comunidad. ¿Por qué?

Las personas no se lo explican, pero los especialistas en el ámbito penal, sabemos la razón, no porque seamos magos o especialmente inteligentes, sino porque partiendo de las experiencias exitosas de otros países y el desarrollo de la ciencia jurídica, nuestro ámbito de conocimiento sabe en forma inequívoca que, para enfrentar el delito, no basta con aumentar penas ad infinitum. Es preciso que la sociedad y el gobierno, adelanten una serie de medidas concadenadas entre sí en el ámbito social, educativo, económico, administrativo, para enfrentar de manera eficaz el fenómeno del delito. Esto es, poseer una robusta política criminal.

En otras palabras, de nada servirá condenar a los culpables  de la atroz violación de la niña indígena hoy a sufrir altísimas penas –si es que llegan a serlo-, si el día de mañana no se desarrollan instrumentos para llevar el Estado en toda su plenitud a los aborígenes, no sólo en su faceta represiva; si la Fiscalía no tiene instrumentos y capacitación para una auténtica investigación forense; si los agentes de la fuerza pública, no son mejor seleccionados y capacitados para el respeto de los derechos humanos; si no se introducen dentro de nuestra legislación procesal, institutos que garanticen no sólo el castigo de los victimarios, sino lo que es más importante, la prevención del delito y reparación efectiva de las víctimas, etcétera.

Y sea pertinente indicar, que tal y como lo hizo en el párrafo anterior, el autor de éstas líneas, en contra de lo que piensa de manera general la opinión, pone en duda que los responsables del atroz crimen sean condenados, no por inexistencia del hecho o porque no se hayan identificado sus autores, sino por errores de carácter técnico derivados directamente de la actuación de la actuación de la Fiscalía, los cuales pueden viciar de nulidad absoluta este caso.

Esta situación de inmensa gravedad y hondas implicaciones políticas, se derivaría de dos circunstancias: la primera, el ente acusador, procedió directamente, sin determinar si tenía competencia para ello, esto como quiera, el presente caso, con arreglo al ordenamiento jurídico colombiano, podría corresponder su procesamiento y sanción a las autoridades indígenas; segundo, la fiscalía no les imputó a los responsables acceso carnal violento agravado, sino simple y llanamente, abuso sexual. Aunque estos delitos pueden parecer iguales, son distintos, suponiendo el primero una penetración abusiva en quien es incapaz de resistir, el segundo, en cambio, entraña una coerción de la libertad sexual de la víctima. Demás está decirlo, imposible hablar de ‘libertad sexual’ en una NIÑA.     

Por ello, quien escribe éstas líneas, señala que para enfrentar y evitar hechos tan dolorosos como el que motivó la presente columna, no bastan las declaraciones emotivas; es indispensable desarrollar reformas tendientes a lograr que Colombia sea dotada con una verdadera política criminal guiada por criterios científicos, no de efímera popularidad política, yendo para ello, más allá de la emoción y los titulares.

PUNTILLAZO FINAL. Más que por sancionar un caso que trascendió a la opinión pública, los ciudadanos debemos realizar una veeduría permanente para que éstos execrables hechos no sólo dejen de suceder, sino lo que es más apremiante, no tengan un carácter pandémico en nuestra sociedad. Según Medicina Legal y otros expertos, 1 de 4 niños en Colombia es objeto de violencia sexual. Las palabras sobran.

*Miembro Dirección Justicia y Seguridad