Por: Alejandro Chirinos *
@ChirinosAl
El gobierno Duque ya superó los aires frescos que vienen con los nuevos comienzos. Un legislativo que lo tiene en una bicicleta estática, un judicial que le tumba reformas tributarias, y una opinión pública que lo tiene sumido en una impopularidad casi histórica, son la receta para la inoperancia y la ingobernabilidad.
Cuando a este panorama se le suma la renuncia del presidente de una entidad como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se crea un caldo de cultivo que invita a ceder la nueva vacante a corrientes políticas que seguramente la devolverían a sus épocas más oscuras.
Y es que el botín que ven los políticos es jugoso.
La ANI es una entidad con un presupuesto promedio para personal de 45.000 millones al año, monto comparable con entidades como el SENA o el Hospital Militar1. Esta entidad maneja proyectos en 22 departamentos, sus proyectos abarcan todos los modos de transporte, incluyendo aeropuertos, puertos, carreteras y trenes, y tiene en fila proyectos a ser adjudicados por un valor de 18 billones de pesos.
Es casi una certeza que por estos días la agenda del presidente se irá llenando de citas de políticos que se les estará haciendo agua la boca. Dirán ellos que en estos momentos de crisis de gobernabilidad no hay mejor contraprestación que poner unos cuantos votos para pasar la reforma tributaria, la pensional, la política o tantas otras iniciativas acumuladas por un congreso acostumbrado al clientelismo y las cuotas.
Pues, aunque parezca pequeño, el precio de ceder a estas presiones es grande, y el legado que Duque debe cuidar es aún más preciado y escaso.
La ANI, a pesar del otrosí de Ruta del Sol II, es una entidad cuya transparencia no está en duda. Sí, hay personas investigadas, pero su reputación como una de las entidades con mejores prácticas sigue indeleble. Prueba de ello es que ni la opinión pública ni los entes de control han expresado dudas sobre la adjudicación de ninguna de las 31 concesiones de cuarta generación que fueron entregadas entre 2014 y 2017. Y por su parte, la ANI lleva de creada los mismos ocho años que duró el INCO operando, una entidad que entre 2003 y 2011 tuvo catorce directores, que adjudicó el contrato de Ruta del Sol II a través de un soborno, y que tuvo que ser desmantelada por el estado de metástasis de su corrupción.
Las prácticas de la ANI en materia de adjudicación de contratos han probado ser efectivas. Además, su gobierno corporativo interno es sólido en la medida en que las decisiones que se toman en torno a los contratos en ejecución son colegiadas. Cada proyecto tiene asignadas nueve personas, cada una es especialista en su disciplina. Cada especialista pertenece a una gerencia independiente, y cada gerente emite conceptos (opiniones) que, aunque tienen en cuenta las opiniones de sus pares, no siempre conllevan a un veredicto unánime.
Las ineficiencias y las demoras son inevitables bajo este esquema y la ANI tiene mucho por mejorar, pero su transparencia ha probado ser un avance digno de ser replicado en otras entidades como política pública de fortalecimiento institucional.
Presidente Duque: permita que el nuevo director de la ANI pueda ejecutar proyectos bajo el principio de la planeación, sin deudas políticas y pensando en grande. Permita que en el sector de infraestructura (quizás unos de los más transversales por abarcar temas sociales, ambientales y económicos) se sigan ponderando argumentos técnicos por encima de argumentos políticos.
1 Fuente: Cálculos CDEF-DCEF, con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación
- Columnista Invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro.