Por: Ana Linda Solano
¿Se imagina qué, para que un juez resuelva un proceso judicial, para que un médico atienda a su hijo de urgencias en un hospital o gestionar el documento que necesita para iniciar un emprendimiento económico tuviera que pagar una coima o dádiba en dinero? ¿Le resulta extraño que ocurra? ¿Y si no tiene dinero para pagar? ¿Qué sucedería si de manera adicional a esto la persona encargada de tomar la decision le pide ir al cine o a un bar? ¿Y, si ademas le coaccionan para que tenga que mantener relaciones sexuales con dicho funcionario como forma de pago? ¿Le es extraño que ocurra?
Algunos de estos comportamientos son formas de corrupción que afectan de manera diferenciada a mujeres y niñas en América Latina y el mundo. En algunos constituyen casos de la denominada ‘pequeña corrupción’, y otros forman parte de un fenómeno de carácter sistémico.
La extorsión sexual o «sextorsión» se produce cuando los encargados del poder lo utilizan para explotar sexualmente a los que dependen de ese poder. Es una forma de corrupción asociada al género, que ocurre tanto en países desarrollados como en desarrollo. Y que afecta a niños, adultos, individuos vulnerables (como inmigrantes indocumentados que cruzan fronteras) y profesionales. Si bien la evidencia muestra que las mujeres son afectadas desproporcionadamente, los hombres, las personas transgénero y de género no binario, también se ven golpeados por ello (Feigenblatt, 2020).
Según la VII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en Perú, si una mujer pide un soborno, es más probable que sea dinero en un 68% de los casos; solo un 4% respondió que solicitaría favores sexuales. Si un hombre pide un soborno, reclamaría dinero en un 62%, seguido de favores sexuales en un 52%. El fenómeno se presenta para acceder a servicios como la educación, la justicia, la salud y trámites diversos, en los cuales las mujeres son más dependientes, ya sea a título personal o como cuidadoras de su núcleo familiar.
LA VISIÓN REGIONAL DEL PROBLEMA
El Barómetro Global de la Corrupción América Latina y el Caribe de 2019[1], publicado por Transparencia Internacional, reveló que, en los países encuestados, una de cada cinco personas manifiesta haber sufrido la extorsión sexual al acceder a servicios públicos, o bien conoce a alguien que ha pasado por esta situación. El setenta y uno por ciento de los encuestados opina que la extorsión sexual se da, al menos ocasionalmente, y solo un ocho por ciento piensa que nunca sucede. La encuesta también reveló que las mujeres son significativamente más propensas a pagar sobornos por servicios de salud y educación en escuelas públicas[2].
Esto es un indicativo de la importancia de la dimensión que debe tener el género en las estrategias, planes y prácticas anticorrupción. Debe profundizarse el entendimiento de la vinculación entre corrupción y violencia de género, dos temas que afectan de manera especial a la región de América Latina.
A propósito de la importancia de dimensionar lo que significa el 8 M para la consecución de la igualdad y empoderamiento de las mujeres, así como la necesidad de que dicha celebración se traduzca en acciones para la obtención de este objetivo de desarrollo sostenible (ODS No 5), es importante reflexionar sobre una problemática que a penas empieza a ser visible pero que socaba de manera importante el estado de derecho, el desarrollo social, económico y la consecución de derechos fundamentales.
Precisamente la corrupción se constituye como un impedimento para lograr la igualdad de género y el empoderamiento femenino, los cuales son necesarios para fortalecer la gobernanza democrática, el desarrollo social y el crecimiento económico. De allí que sea fundamental vincular el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, sobre la consecución de paz, justicia e instituciones sólidas, y el ODS número 5, sobre igualdad de género y empoderamiento femenino, con el apoyo entre otros del ODS 17, alianza para lograr los objetivos.
Que sea esta una oportunidad para visibilizar la manera en la que se vinculan estos dos flajelos que afectan gravemente al país, poner de presente que la corrupción impacta de forma diferenciada a las mujeres, de qué manera en qué dimensión, cómo prevenirla y perseguirla. En línea con las conclusiones de la VIII Cumbre de las Américas de 2018, en la cual se acordó “promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras políticas anticorrupción”.
ALGUNOS OBSTÁCULOS
La sextorsión tiene dos caras: como delito asociado a la corrupción y como violencia de género. La problemática está, en gran medida, soterrada, pues no todos los países procesan estos casos como de corrupción. En Guatemala, por ejemplo, la misma situación posiblemente se entendería como un delito contra la mujer. Por su parte, en Perú se entiende como manifestación de corrupción pero las víctimas no son las resarcidas por el daño; lo que, hasta cierto punto, invisibiliza el componente de delito contra la mujer. La escasa jurisprudencia en Colombia, también presenta esta dicotomía. El crimen no siempre es entendido de forma integral, como manifestación de la corrupción que afecta de manera diferenciada al género femenino.
Existen pocos datos para dimensionar y medir el problema ya que faltan mayores estudios empíricos, rutas claras de detección, prevención, persecución y tratamiento a víctimas y testigos. Y en caso de que una persona quisiera alzar la voz, y poner de presente una situación de extorsión sexual, hay que vencer muchos obstáculos desde la normalización de la conducta, el miedo a la denuncia entre otras barreras invisibles que se enfrentan.
Sin embargo, se están dando avances en la región promovidos desde diferentes redes como la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), el Grupo de Trabajo Conjunto Cumbre Américas, el G20, Transparencia Internacional, ONUMUJERES, y también el apoyo de programas de cooperación como EUROsociAL+ entre otros.
Es importante trazar una hoja de ruta que permita visibilizar el daño que la corrupción causa a las mujeres, desarrollar herramientas prácticas para combatirla e implementar programas piloto en diferentes países latinoamericanos. Se deben generar estrategias de comunicación, sensibilización y educación que pongan de manifiesto las prácticas corruptas que impactan en mujeres y niñas. También es preciso generar datos con enfoque de género que permitan dimensionar la problemática en el contexto de América Latina.
Asimismo, resulta prioritario fomentar la denuncia y hacer visibles más casos de soborno, tráfico de influencias o cohecho en los cuales la moneda de pago, además de dinero, son favores de naturaleza sexual u otros, a lo que están principalmente están expuestas las mujeres. Eso implica revisar la política criminal de los Estados y estudiar la tipificación y el tratamiento de la extorsión sexual como delito de corrupción.
Además, se debe plantear el desarrollo de políticas de protección a los denunciantes de estos hechos y establecer formas especializadas e integrales de investigación, las cuales deben estar articuladas entre autoridades y entre otras medidas que empiecen a generarse en la región.
Lo anterior, es un llamado a actores nacionales, regionales y multilaterales en América Latina y el Caribe a que prioricen y desarrollen una estrategia regional integrada para abordar las formas de corrupción de género, incluida la extorsión sexual.
¿QUÉ TAN FRECUENTE ES EL PROBLEMA EN COLOMBIA?
Colombia no es ajena a esta problemática. Los datos del Barómetro Regional muestran que el 16% de los colombianos manifestaron el haber sufrido la extorsión sexual con un método para poder acceder a servicios públicos o que conoce a alguien que lo ha experimentado.
Existen investigaciones sobre sextorsión asociadas al acceso al agua en Bogotá. Este fenómeno funciona así: se entiende que las mujeres son las principales responsables de garantizar el acceso al agua de la familia. Si no llega al hogar, a través de tuberías, tienen que caminar varios kilómetros hasta la fuente más cercana. Por otra parte, sobre las mujeres recaen también las tareas que necesitan agua, tales como: limpiar, cocinar, cultivar. Lo anterior genera presión en las mujeres y las expone a prácticas de corrupción que van desde el pago de un soborno en dinero, hasta la obligación de tener relaciones sexuales
Así mismo, hay decisiones judiciales que evidencian la vinculación entre funcionarios públicos y redes de trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de migrantes. Estas son bases importantes para reflexionar en el país sobre la dimensión en que la corrupción puede estar afectando de manera diferenciada a mujeres y niñas.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, presenta las bases para el diseño e implementación de acciones concretas contra la corrupción, el gran reto es ser capaces de incluir la transversalización del enfoque de género en la Política Anticorrupción que se desarrollen documentos CONPES y demás instrumentos para este fin.
Se debe también fomentar un diagnóstico sobre la naturaleza y alcance del problema en nuestro país. Entender, si se requieren ajustes normativos o de otra naturaleza frente a fenómenos como la sextorsión, todo esto debe ir de la mano con instituciones tales como: la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría y la Alta Consejería de la Mujer.
Desde AlCentro hacemos un llamado a que en Colombia se dé la oportunidad de abrir esta discusión y visibilizar una forma de corrupción que afecta especialmente a las mujeres. La igualdad y empoderamiento femenino son fundamentales para el desarrollo económico y social, y como se observó en este documento, la corrupción es una de sus principales barreras.
*Directora Dirección Lucha Contra el Crimen Organizado
[1]https://www.transparency.org/whatwedo/publication/global_corruption_barometer_latin_america_and_the_caribbean_2019
[2] https://www.transparency.org/news/pressrelease/erradicar_corrupcion_de_genero