Por: Manuel Eduardo Riaño
En días pasados fue noticia, escandalosa por demás, un artículo publicado por El Heraldo de Barranquilla que aseguraba que Colombia era el país más corrupto del mundo. Después del despliegue mediático que se suscitó, se supo que el medio había confundido las fuentes y este deshonroso lugar fue resultado de una encuesta de percepción sobre corrupción de una revista norteamericana. La revista revisaba un listado de los mejores 73 países en 2020, de acuerdo a una metodología en la que incluían 65 atributos en distintos grupos: aventura, ciudadanía, influencia cultural, emprendimiento, patrimonio, apertura para los negocios, poder y calidad de vida. Dentro del grupo de apertura para los negocios se preguntaba por la percepción de cada país sobre su burocracia, costos de fabricación, entorno fiscal, corrupción y prácticas gubernamentales transparentes. Fue en este apartado en donde más de 20.000 personas que respondieron la encuesta, percibieron al país en esta posición.
La noticia motivó comentarios de varios frentes y pronunciamientos de Transparencia Internacional, una ONG que desde 1993 y con presencia en mas de 100 países, investiga y propone medidas para reducir la corrupción en las sociedades. En el ranking anual que publica esta organización, Colombia no se encuentra bien parada. Ad portas de conocer el informe 2020 las cinco últimas mediciones han arrojado que Colombia no se ha movido ni ha mejorado sus indicadores, ubicándose en promedio en la posición 96 sobre 180 países incluidos. Los países mejores ubicados en la medición han variado muy poco en estos cinco años: Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suiza. Los últimos lugares en la medición tampoco han variado sustancialmente: Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen. No obstante, no estar en el último renglón global, la corrupción en Colombia es una verdad incómoda que todos los gobiernos de turno tienen que enfrentar. La Corrupción en un flagelo que nos ha canibalizado desde adentro.
Proyectos como el Barómetro de las Américas o el Latinobarómetro son líderes también en el desarrollo y análisis de encuestas de opinión pública. Ambos estudios, con más de 20 años de implementación, tienen también mediciones sobre la percepción de corrupción en los países latinoamericanos. En el más reciente informe de Latinobarómetro se destaca que la corrupción es percibida como el principal problema de Colombia con 20% seguido por Perú con 19%, Brasil con 16% y México con 14%. Se desprende del informe que en Colombia la corrupción es percibida como el problema más importante por encima del desempleo, la delincuencia y la salud.
La corrupción no solo tiene un componente público. En Colombia el sector privado también ha sido agente de corrupción y prácticas poco transparentes. La Asociación Nacional de Empresarios-ANDI- y la ONG Transparencia por Colombia han sido pioneras en mediciones sobre esta materia. En el último informe lanzado por Transparencia por Colombia se encontró que el 96% de los empresarios perciben que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios. Así mismo, el porcentaje de soborno que se estima necesario para ganar un contrato es de 16.7% de su valor. No menos preocupante que el 51% de los empresarios del país considere que las contribuciones a campañas políticas es una de las formas más comunes de soborno. En la Encuesta sobre percepción de la corrupción en la actividad empresarial, de la ANDI, los empresarios señalaron que a nivel nacional la salud es el sector más afectado por la corrupción con un 73,2%. Le siguen aduanas con 69,3% e impuestos (59,1%). En el ámbito territorial están el sector ambiental (45,7%), salud (43,3%), impuestos y minería (30,7%).
Son muchas las acciones que se han tomado desde el gobierno nacional, con apoyo de diversas entidades multilaterales, para disminuir la corrupción y reducir así los incentivos para realizar acciones no transparentes. Estas acciones se han movido tanto desde el ámbito punitivo como social en sectores públicos y privados. El Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción fue creado en 1998 con la función de atacar las causas estructurales del fenómeno de la corrupción en la administración pública colombiana. En 2011, se sustituyó dicho programa por la Secretaría de Transparencia, con la misión de asesorar en el diseño de la Política Integral de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Los hallazgos de la encuesta de Transparencia por Colombia indican que el 65% de los empresarios encuestados considera importante fortalecer los sistemas de integridad corporativa para mitigar cualquier riesgo de corrupción en su gestión. Complementariamente, el 47% de empresas priorizan dentro de su planeación estratégica acciones contra el soborno, mediante la implementación y capacitación de los sistemas de integridad corporativa. La ANDI propone a su vez como como mecanismos para la lucha contra la corrupción, ampliar el uso de tecnologías en todos los trámites Empresa -Estado. Así mismo, disminuir los trámites necesarios para cualquier proceso con el Estado, eliminando regulaciones innecesarias. Todas estas medidas bienvenidas y necesarias en una sociedad que continuamente ha sido bombardeada con escándalos multimillonarios en proyectos públicos y cartelizaciones en diversos sectores productivos.
Sin embargo, Transparencia por Colombia, concluye que el mayor reto es avanzar hacia un cambio de cultura organizacional donde la ética se incluya en los modelos de gestión para generar sostenibilidad empresarial. Por esta misma tendencia se inclinan los resultados del informe Latinobarómetro. Aquí la corrupción aparece como relevante sólo como problema a nivel país, pero no aparece como relevante en los problemas del municipio, ni como problema a nivel de las familias. Es decir, no existe una percepción de la corrupción como un problema ético a nivel personal y familiar y que deba abordarse desde los valores nucleares de la sociedad.
Acá es donde se debe poner el foco de las acciones como sociedad para un cambio que debe ser generacional. En nuestros valores como sociedad colombiana. En no todo vale. Dejar de actuar como si la corrupción estuviese por fuera del foco de nuestras acciones personales y familiares. Pensar que pequeños sobornos a agentes del Estado, cotizar a servicios de salud por valores inferiores, aprovechar los beneficios del Sisben sin ser vulnerable, no pagar por el uso de servicios públicos, entre muchos otros, no constituyen la semilla de la corrupción futura, es un error. Un error profundamente grave que la sociedad pagará con recursos que no llegarán a quienes los necesitan, ni permitirán un desarrollo social equitativo para Colombia.
*Miembro de número de la dirección de Emprendimiento.