Por: Dixon Ricardo Carrascal
En diferentes escenarios la reconocida economista Mariana Mazzucato, directora del Instituto para Innovación y Propósito Público de la University College London (UCL), y por quien este gobierno siente especial admiración, ha manifestado: “Si no creamos riqueza no hay qué redistribuir”.
Sin embargo, lo anterior no fue la intención de la última reforma tributaria (Ley 2277 de 2022), que el mes pasado cumplió su primer año, en el sentido que esta no se alineó con los requerimientos del sector productivo del país, en especial, con la necesidad de disminuir la tarifa general del impuesto de renta para las personas jurídicas, dado que únicamente se limitó a aumentar el recaudo, sin analizar y priorizar el contexto internacional de competitividad que demanda el sector empresarial colombiano para fortalecerse y crear riqueza, y ahí sí, posteriormente, redistribuir vía impuestos.
Los sistemas tributarios no son únicamente herramientas para la redistribución del ingreso o para la financiación del gasto público (como desafortunadamente lo ve el actual gobierno), sino que son un factor de competitividad internacional, toda vez que los sistemas de información permiten comparar en tiempo real las condiciones de mercado en que se encuentra cada país, al igual que las cargas impositivas. Ahora que, en pleno siglo XXI es posible producir el mismo bien o prestar el mismo servicio desde cualquier país, los inversionistas evalúan este factor para tomar su decisión, en consecuencia, la competitividad tributaria juega un papel preponderante.
Si bien en Colombia la utilidad antes de impuestos puede ser atractiva para las inversiones de capital extranjero por factores como talento humano, ubicación geográfica, estabilidad económica, entre otros, en el ejercicio de la rentabilidad neta la situación cambia, en la medida que la tarifa del impuesto de renta es la más alta de los países de la OCDE (35%). Y no se debe ir muy lejos para comparar esta tarifa, países de la región como Perú (29.5%), Panamá (25%), Ecuador (25%), Chile (10%), Paraguay (10%) tienen tarifas más interesantes para el mercado.
Hay sectores económicos que por sus características son adaptables en múltiples países, como es el caso de los servicios financieros y empresariales, industrias manufactureras, comercio, hoteles, restaurantes, comunicaciones y servicios. Estos sectores, según datos suministrados por el Banco de la República, en la última década han representado el 55% del total de las inversiones de capital extranjero, esto es, un promedio de 7.500 millones de dólares anuales que se encuentran en riesgo de no ingresar a la economía del país debido a que el sistema tributario de Colombia no es competitivo a nivel internacional, ni regional.
A propósito, los dos últimos informes nacionales del Consejo Privado de Competitividad concluyen que el escenario para los próximos años no será positivo, el mundo ha entrado en un proceso de desaceleración económica en medio de un brote inflacionario que muy poco está cediendo, por lo menos en Colombia, y que además se llega a este entorno hostil con los llamados déficits gemelos, refiriéndose al fiscal y al de cuenta corriente, lo cual se traduce en una gran vulnerabilidad por depender de fuentes importantes de financiación, por lo que mantener el acceso a los mercados internacionales y proteger los flujos de inversión hacia Colombia es fundamental para lograr una desaceleración suave que no descarrile hacia una crisis que eleve drásticamente el desempleo, la informalidad y la pobreza.
Así que, y volviendo a la reforma tributaria, a cambio de nada Colombia perdió nuevamente la oportunidad para reformar su sistema tributario por uno competitivo. Cabe recordar que se esperaba para el año 2023 un recaudo adicional de 20 billones de pesos, sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo que establecía que las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables no serían deducibles del impuesto sobre la renta ni podrían tratarse como un costo o gasto, al igual que declaró inexequible los topes y tarifas aplicables a los grupos 4 y 5 del régimen simple de tributación. Lo anterior, significa que en cada vigencia fiscal la estimación del recaudo estará entre 3.5 y 4 billones por debajo de lo esperado.
Finalmente, frente a este panorama económico, y dado que está sonando una segunda reforma tributaria de este gobierno, es esencial que el ejecutivo presente iniciativas para que Colombia y el sector productivo tengan niveles competitivos en materia tributaria a nivel internacional, o por lo menos a nivel regional, en especial para que las cargas impositivas sean atractivas para la inversión, que estimule la reinversión de utilidades y que no se fuguen los capitales.