Por: David Méndez
El pasado 06 de mayo, la bancada del Centro Democrático presentó al Congreso de la República el Proyecto de Acto Legislativo Nº 39 de 2021, el cual tiene como objetivo principal, reducir la cantidad de parlamentarios en la Cámara de Representantes y del Senado de la República.
La iniciativa presentada por el partido de Gobierno busca modificar los artículos 171 y 176 de la Constitución Política, estableciendo así que el Senado será integrado por 47 Senadores (una reducción de más del 50%), mientras que la Cámara de Representantes sería integrada bajo una fórmula que asigna 02 Representantes por cada millón de habitantes. Esto significaría una reducción de aproximadamente 60 Representantes, reduciendo así la composición de la cámara baja en un 38%.
De manera ingenua y apresurada, esta iniciativa legislativa puede resultar bien intencionada frente al momento de crisis social y política que vive actualmente el país, derivada en gran medida de una crisis de representación de los partidos políticos y del poder legislativo.
Igualmente, este Proyecto de Acto Legislativo se enmarca en una visión de austeridad pregonada por la bancada del Centro Democrático desde hace varios años, en donde se han incluido entre otros aspectos, congelar el salario de los Congresistas, gravar el salario de los parlamentarios y reducir costos de operación del poder legislativo con el fin de aumentar los niveles de ahorro y eficiencia en la institución legislativa del país. El Proyecto calcula una cifra cercana a los 300 mm de pesos de darse una reducción de los escaños.
Ahora bien, aunque la propuesta parezca loable, mas aún en el marco de una conflictividad social no registrada en los últimos 20 años en el país, la misma carece de sustento democrático y atenta directamente contra la participación política de grupos minoritarios, así como afecta de manera frontal la separación de poderes, desvirtuando el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a los sistemas democráticos representativos en la región latinoamericana.
Teniendo estos argumentos presentados en el Proyecto de Acto Legislativo, a continuación, presentaré 04 aspectos por los cuales considero que esta propuesta impulsada por el Centro Democrático reduciría la calidad de la democracia en el país, teniendo serias repercusiones en la representación (principalmente regional), lo cual podría desbordar una crisis significativamente más grande a la actual.
- Riesgo de afectar la representación proporcional en el poder legislativo.
Una de las principales características del actual sistema representativo con el que cuenta Colombia, tiene que ver con el equilibrio y proporcionalidad en materia de ocupación de las curules en el poder legislativo. Así, aunque existen bancadas mayoritarias (Liberal, Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, La U), también existen bancadas con menor número de curules pero que tramitan y gestionan las demandas de los distintos grupos sociales y políticos, los cuales, no se recogen en los grandes partidos que integran la mayor cantidad de los cuerpos legislativos.
Esta proporcionalidad significa 03 cosas fundamentales en toda democracia de tipo representativa: 1. Control político efectivo al poder Ejecutivo; 2. Sensibilización y trámite de demandas enunciadas por grupos minoritarios históricamente excluidos de los espacios de concertación y decisión. Entre estos grupos se encuentran minorías indígenas, religiosas, sexuales, etc; 3. Efectiva separación de poderes, en donde el sistema de pesos y contrapesos permite descentralizar el poder político, así como evitar una sumisión del Congreso ante el Ejecutivo.
Así, lo peligroso de reducir el número de curules, tiene que ver directamente con el aumento del costo político y proselitista por parte de los grupos minoritarios para acceder en un futuro, de darse la reforma, a obtener una representación efectiva en el Legislativo. Como lo planteó el politólogo italiano, Giovanni Sartori, es fundamental en un sistema democrático, contar con una competitividad interpartidista, la cual es relevante para la estabilidad institucional y de darse una reducción de las curules en el Congreso, el número de partidos que podrían acceder a la representación sería cada vez menor, impidiendo el disenso y las voces contrarias y minoritarias en el escenario de construcción de leyes.
- Debilitamiento del control político al poder Ejecutivo.
En los tipos de sistemas presidencialistas, como el caso colombiano, la separación de poderes públicos se da principalmente para evitar un desequilibrio y la centralización del poder en cabeza del poder ejecutivo (liderado por el presidente de la República). Y aunque politólogos como Juan Linz han criticado fuertemente este tipo de sistema por considerar que ocasiona posibles bloqueos entre el poder legislativo y el ejecutivo cuando los intereses pregonados son diametralmente opuestos, hasta el momento, el poder Legislativo se ha convertido en un guardarril de la democracia en Colombia.
Esta salvaguarda de la democracia ha sido posible gracias a la principal función del poder legislativo: realizar un juicioso y efectivo control político a las acciones del poder ejecutivo a nivel nacional, en lo que refiere a la ejecución de recursos, programas sociales, entre otros tantos temas que le competen al Gobierno Nacional. Como afirma en su libro ‘Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky, la democracia necesita de una fortaleza institucional, representada en los distintos poderes que la integran para perpetuarse en el tiempo.
Ante la eliminación de casi el 50% de los escaños en el Congreso de la República, las voces de disenso al interior de la corporación, disminuirían significativamente, desbalanceando la capacidad del ejecutivo sobre el legislativo e impidiendo una vigilancia estricta hacia el primero.
Esta reducción de capacidades se daría principalmente porque al disminuir las bancas en la cámara alta y baja, el umbral para acceder a una curul aumenta superlativamente e impide a grupos que hoy cuentan con una o dos curules, representar a las poblaciones minoritarias que les apoyan y pretenden canalizar sus demandas y necesidades. Ante la ausencia de representación minoritaria, quedarían desamparados en materia de representación grupos religiosos, indígenas, afro, sexuales. Un claro retroceso en materia democrática que podría desembocar en mecanismos de protesta y confrontación social, toda vez que los límites electorales, impedirían una participación de tipo proporcional. De más esta decir que los grandes problemas sociales del siglo XX en el país tuvieron como origen la exclusión de grupos minoritarios en la toma de decisiones.
- ¿Tenemos realmente un Congreso de excesivo tamaño?
Algunas de las razones expuestas por parte de quienes impulsan la reforma para reducir el número de escaños en el Congreso, tiene que ver con una aparente ineficiencia y exceso de tamaño en el poder legislativo actualmente. Y aunque el argumento puede tener validez si se revisan el tipo de leyes que expide el Congreso colombiano, no es un argumento suficiente para pretender disminuir el tamaño del órgano que representa a la mayoría de los sectores políticos en el país.
No es cierto que el Congreso colombiano sea particularmente grande, por el contrario, si se le compara con los países de la región, se puede evidenciar que el legislativo colombiano responde al número de habitantes que integran la nación, así como al tipo de grupos sociales y políticos.
Así, al revisar casos como el uruguayo (129 parlamentaros para 3,5 millones de habitantes); Chile (193 parlamentarios para 19 millones de habitantes); Argentina (329 parlamentarios para 45 millones de habitantes), podemos constatar que la cantidad de asientos en el poder legislativo en los sistemas democráticos de tipo proporcional y/o mixto, corresponden de manera directa con el número de habitantes que integran una nación, así como su diversidad.
El caso colombiano resulta particular por la heterogeneidad de visiones y posturas en los distintos territorios que integran al país, por lo cual es perentorio, garantizar una efectiva representación de cuerpos políticos minoritarios, los cuales puedan poner de manifiesto sus inconformidades ante el poder ejecutivo.
- Trámite legislativo: los tiempos no dan.
Hay un aspecto fundamental en el trámite de toda reforma de tipo legislativa, el cual termina siendo olvidado frente a la ignorancia y desconocimiento del funcionamiento del poder legislativo. Este aspecto tiene que ver con los tiempos y la cantidad de debates para que un proyecto pueda convertirse en ley de la República.
Así, para que la reforma presentada el pasado 06 de mayo logre reformar la Constitución Política, requiere de 08 debates en Senado y Cámara de Representantes. Estos 08 debates se deben realizar en un año legislativo. Sin embargo, para que el Acto Legislativo pueda continuar su discusión, deberá surtir sus 04 primeros debates antes del final de la presente legislatura, es decir, el 20 de junio. En esta fecha cierran las sesiones ordinarias del Congreso.
Si se revisan con cuidado los tiempos de trámite legislativo, el Proyecto deberá tener un debate cada semana, lo cual, virtualmente es imposible. En primer lugar, para que una iniciativa legislativa pueda debatirse, debe contar con ponentes designados y posteriormente, elaborarse un informe de ponencia, el cual será llevado a la Comisión (en este caso la primera por tratarse de asuntos constitucionales) para iniciar su discusión. Actualmente, el Proyecto no cuenta con ponentes, por lo que, en la semana del 10 al 14 de mayo, no tendrá siquiera un primer debate.
Esto significa que el Proyecto de Acto Legislativo fue radicado con plena conciencia de su inviabilidad en términos de tiempos para ser aprobado por el Congreso de la República, generando un golpe de opinión que al igual que los proyectos previamente presentados por el Centro Democrático en los años 2016 y 2017, no se convertirán en una reforma constitucional que modifique el poder legislativo en el país.
Decía Isaiah Berlin que las preguntas que suponen sistemas formales, como la lógica y la matemática, aunque también juegos como el ajedrez, se responden revisando las definiciones y reglas del sistema formal en cuestión. Y ante una rápida revisión del sistema de reglas del poder legislativo, podemos concluir que es una reforma que nació, simplemente, muerta. ¿Cuál es su objetivo entonces?
*Miembro Dirección de Constitución y Democracia
