Por: Gabriel Cifuentes*
@gabocifuentes
En días pasados un ciudadano dio de baja a tres delincuentes que trataron de atracarlo. El médico desenfundó un arma que portaba con salvoconducto y les disparó. Al día siguiente se entregó a las autoridades y admitió que había sido él, quien en ese puente de la calle 122 con avenida 9 en Bogotá, había activado el arma para defenderse. Si bien las investigaciones deben seguir su curso, en una versión preliminar, se conoce que hubo un forcejeo y que los atracadores atacaron al ciudadano con armas blancas.
En las redes sociales estallaron mensajes de apoyo para el médico. Mientras algunos lo llamaban héroe e invitaban a la ciudadanía a que siguiera su ejemplo, otros decían que los atracadores eran unos “buenos muertos”. La verdad es que en ningún país donde se aplique un Estado Social de Derecho la muerte es algo que se deba celebrar. Y no por ello estoy sugiriendo que el médico haya hecho mal en defender su vida y sus bienes; me refiero más bien al punto de degradación al que hemos llegado como para no ver que este ejemplo que nos ocupa, más que llamar a la celebración encierra una tragedia bajo todo punto de vista. Piénsese no más en la consciencia y el peso que debe sentir alguien que después de firmar su voto hipocrático se ve obligado a matar con su arma a tres sujetos. ¡Eso no debe ser fácil!
Los sucesos ocurridos la semana pasada deberían invitarnos a reflexionar en diferentes temas. Está, por supuesto, el debate de si se trató o no de una legítima defensa. A juzgar por los datos que se han dado a conocer ante la opinión pública, podría afirmarse que se cumplieron los presupuestos del artículo 32 del código penal, a saber: que el ataque a quien alega la legítima defensa haya sido actual, inminente y no haya sido provocado por él mismo. De igual manera, que la respuesta haya sido proporcional. Se puede deducir que el médico actuó en defensa de un ataque inminente y que la desproporción en el número de atacantes podría a su vez justificar la desproporción en el uso de la fuerza. En pocas semanas, entonces, este caso debería ser precluido por un juez de la República.
Pero los temas sobre los que verdaderamente habría que reflexionar son bien otros. El primero, sin duda, es la escalada de la delincuencia organizada y de la inseguridad ciudadana en la capital. Según las mismas cifras del Distrito, los homicidios, que venían presentando una reducción considerable, cerraron el 2019 al alza. Sólo el año pasado este delito aumentó en casi un 10%. Peor aún, en los últimos meses del año, la diferencia entre los homicidios ocurridos en noviembre y diciembre fue del 26%. Eso sin hablar de un aumento desproporcionado y preocupante de los hurtos a personas que ha venido aumentando a tasas cercanas al 20% en los últimos años. Particularmente afectados, los ciudadanos en las estaciones de Transmilenio y en los puentes peatonales.
El tema de la inseguridad ciudadana debe ser la prioridad numero 1 del Distrito. Ya se había advertido en este mismo espacio sobre la necesidad de innovar e implementar medidas de seguridad realmente eficientes. Está bien que la actual administración quiera prevenir el delito concentrando esfuerzos en la cultura ciudadana y el manejo de conflicto sociales, pero no nos podemos quedar en eso. Se exige integrar nuevas tecnologías, cámaras de reconocimiento biométrico, inteligencia artificial, policía predictiva y vigilancia aerostática en las localidades más afectadas. Eso sin contar, por supuesto, en la necesidad de aumentar el pie de fuerza, por ejemplo, eliminando la policía de tránsito; renovar el equipamiento tecnológico de los policías, aumentar la capacidad en las salas de comando y control y articular esfuerzos con las autoridades judiciales para prevenir la reincidencia y garantizar la efectiva judicialización. Confiamos que el secretario de seguridad actúe de manera contundente no sólo para prevenir el delito, sino también para reaccionar a tiempo cuando éste ocurre.
Asimismo, la historia del médico que dio de baja a los tres atracadores, es un indicador del miedo que siente la ciudadanía, así como del cansancio frente a la incapacidad de las autoridades de garantizar su seguridad. ¿Por qué un médico saldría armado si no es porque teme por su vida e integridad? ¿Qué previene ahora, que cualquier ciudadano salga armado para defenderse? ¿Qué seguridad tenemos que los ciudadanos que salgan armados tengan su salvoconducto, sepan operar las armas y actúen con base en los límites legales? ¿Es conveniente que los ciudadanos anden armados en la calle? ¿Qué tan lejos estamos de adoptar una lógica de autodefensa, o incluso, qué tan lejos estamos de salir a perseguir hampones y sentir que está justificada esa acción? ¿Cuánta confianza nos queda en las instituciones?
Es imposible juzgar a quienes temen por su vida y se arman para defenderla. Es casi que un impulso de supervivencia; es instinto. Pero el hecho de que se haya llegado a ese punto no sólo indica que como sociedad democrática estamos fallando en garantizar la vida, los bienes y la integridad de las personas, sino que, peor aún, estamos a un paso de que los ciudadanos sientan que es legítimo asesinar ante la ineficiencia de las autoridades. Lo que está sucediendo no sólo es grave, sino que va en contra vía de una noción de sociedad civilizada. Es hora de actuar con contundencia, pero desde la administración. La justicia a mano propia no se puede convertir en la solución.
Es muy pronto para hacer una valoración de lo que esta administración ha logrado, pero la ciudadanía confía en que se materialicen resultados y victorias tempranas. Es necesario pasar del discurso a la acción. Es una obligación del Distrito y un derecho de los capitalinos. Las soluciones integrales no dan espera, más de un millón de bogotanos depositaron la confianza en esta administración y exigen resultados de manera pronta y contundente.