Por: Andrea Carreño
A la fecha, se han presentado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil 28 solicitudes de revocatorias de mandato contra alcaldes. El tema, más que incumplimiento de los programas de gobierno o desaprobación de las mayorías, parece estar motivado por críticas a fenómenos coyunturales y usado como método de oposición política. No en vano, los revocables, en su mayoría, pertenecen a movimientos independientes.
Esta avalancha inició a solo una semana de que se cumpliera el mínimo exigido por la ley, y los movimientos ciudadanos que activaron dicho mecanismo justificaron su intención, primero, porque los gobernantes habían incumplido su plan de gobierno. ¿Cómo cumplir en un año un plan de gobierno diseñado para cuatro? A ello se suma que a pocos meses de iniciar sus mandatos, los dirigentes locales actuales tuvieron que afrontar la crisis socioeconómica derivada de la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) y, por tanto, diseñar planes de emergencia en consecuencia. Claramente, la emergencia sanitaria actual ha trastocado las proyecciones de todos los gobiernos nacionales y mundiales.
También fueron alentadas, dicen los movimientos pro revocatorias, por un descontento generalizado de los ciudadanos. Sin embargo, a pesar del desgaste normal de los alcaldes ante la pandemia, la aprobación de las gestiones de algunos de ellos, por ejemplo, en Bogotá y Medellín, aún es favorable. Según la última encuesta de Invamer Gallup, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, goza de una percepción favorable de 61 por ciento, a pesar de que se redujo en diez puntos con relación a octubre del año pasado. A su vez, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, bajó 12 puntos con respecto al año anterior, sin embargo, aún cuenta con una aprobación a su gestión del 55 por ciento, según la misma encuestadora. Y si bien, las encuestas no son un método acertado de evaluación de la administración pública, sí nos ayudan a descartar, en estos casos, el rechazo del electorado como causal.
Si bien la Registraduría suspendió las iniciativas hasta que el Ministerio de Salud y la Protección Social dé su concepto sobre la viabilidad de recoger firmas en medio de la pandemia, la politización de este mecanismo de participación ciudadana no es solo preocupante porque hacerla puede ayudar a la propagación del virus, sino por la desviación de recursos de lo prioritario.
Solo un mandatario ha sido destituido por la dificultad que representa reunir todos los requisitos que exige la ley. Probar su eficacia, una vez más, y en plena pandemia, podría costarle al país 150.000 millones de pesos, “un derroche de recursos públicos”, como lo catalogó la Red Nacional de Veedurías.
¡Ciento cincuenta mil millones!, justo cuando el país pasa por su mayor contracción económica y la taza de desempleo a cierre de 2021 podría variar entre 14,5 y 15 porciento, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en sus perspectivas para este año; cuando la incertidumbre sigue persiste ante el posible restablecimiento de medidas de confinamiento que golpearían la ya azotada actividad productiva; cuando la estabilidad del sistema de salud se tambalea sobre un Plan Nacional de Vacunación lento y de inicio tardío, si se compara con el resto de la región, los probables imprevistos logísticos para llevarlas a las zonas rurales y la desconfianza del 40,1 por ciento de los colombianos (encuesta Pulso Social del Dane) en los biológicos pondría en riesgo el objetivo del Gobierno de vacunar a más de 70 por ciento de la población con el fin de lograr la inmunidad de rebaño. Un panorama sombrío sumado a que los intentos revocatorios también son susceptibles de focos de corrupción, por lo cual necesitamos que la Fiscalía General de la Nación y los entes de control estén con los ojos bien abiertos para hacer seguimiento especial y vigilancia estricta a los financiamientos de las diferentes revocatorias.
En momentos cuando deberían enfocarse en solucionar los retos continuos de la pandemia, estos alcaldes estarán ocupados con su defensa y, nuevamente, en campaña gracias a revocatorias sin sustento.
En ninguno de los municipios donde están en marcha hay una crisis por falta de cumplimiento de un programa o descontento popular frente a la administración. Basta de saboteos entre nosotros, menos ahora, cuando todos los esfuerzos deben estar dirigidos a superar esta crisis.
* Directora de Constitución y Democracia
